Miles de empleados públicos han salido hoy a las calles en toda España, convocados por el sindicato CSIF, para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales. Entre las principales demandas están la subida salarial, una nueva oferta de empleo público y la mejora de las condiciones de jubilación, jornada y teletrabajo. Estas protestas han tenido lugar frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias del país.

Desde la constitución del actual Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar estos temas, lo que ha provocado el descontento de los empleados públicos. CSIF subraya la urgencia de negociar un nuevo acuerdo salarial, dado que el actual expira a finales de este año, y recuerda que desde 2022 se ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 6%. Además, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado agrava la incertidumbre sobre la oferta de empleo público para 2025.

El Tribunal Constitucional ha dado un paso clave al admitir a trámite un recurso de amparo de CSIF. Este recurso busca recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y fue rechazado por la mesa del Congreso en mayo de 2023. Según el alto tribunal, el asunto tiene una trascendencia constitucional que podría derivar en consecuencias políticas generales. Este recorte, que sigue vigente, implica que los empleados públicos han trabajado entre 13 y 18 meses gratis en la última década, sumándose a una pérdida global del 20% en poder adquisitivo desde 2010.

CSIF también denuncia que los empleados de la Administración General del Estado cobran de media 8.000 euros menos al año que sus homólogos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta desigualdad retributiva requiere una dotación adicional de 1.487 millones de euros, distribuidos entre 2025 y 2027, para alcanzar la igualdad salarial plena en 2028.

El sindicato exige avances inmediatos en varios frentes, incluyendo la jornada laboral de 35 horas, la recuperación de la paga extra completa, la implementación de la carrera profesional y la regulación definitiva de la jubilación parcial. CSIF advierte que, si no hay una respuesta pronta por parte del Gobierno, intensificará las movilizaciones en defensa de los derechos de los empleados públicos.