CCOO y UGT consideran que la aprobación del Anteproyecto de Ley de Función Pública para la AGE en el Consejo de Ministros se ha llevado a cabo con prisas y sin la necesaria negociación colectiva, comprometida en el Acuerdo marco firmado en octubre con las organizaciones sindicales, limita los derechos de la plantilla.

Lamentan que el contenido aprobado se parezca más a un manual de gestión de recursos humanos que a una ley que tiene que recoger y garantizar los derechos de los empleados públicos.

En su valoración sobre el texto recogen más de una decena de propuestas a incorporar al mismo, como retribuciones, carrera profesional, igualdad, transparencia o jornada, entre otras.

CCOO además incluye en la propuesta la actualización de la indemnización por residencia para los territorios no peninsulares como Ceuta.

Exigen, además, la modificación de régimen disciplinario para permitir la sanción administrativa en casos de acoso sexual y por razón de sexo.

Finalmente, lamentan la omisión del carácter máximo de la jornada semanal en 35 horas, junto a la mención de otros derechos como la jornada flexible, los períodos mínimos de descanso o la conciliación, entre otros.

Los sindicatos recuerdan otros aspectos que será necesario incluir en el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la AGE:

• Aplicación al personal laboral.
• Sistemas de provisión y movilidad.
• Garantía de cobertura de plazas publicadas en ofertas de empleo público.
• Jubilación parcial y la prolongación del servicio activo.
• Modificación del régimen de clases pasivas.
• Constitución del grupo B y la definición de áreas funcionales de los actuales cuerpos, escalas y grupos de clasificación profesional.
• Consolidación del acuerdo de promoción interna.
• Incremento de la indemnización por residencia en los territorios no peninsulares.
• Evaluación del desempeño, la participación sindical y la negociación colectiva.
• Eliminación de aquellos artículos que restringen derechos adquiridos.