La situación de pobreza y riesgo de exclusión social de muchas familias ceutíes debe ser el foco de atención para un Gobierno que dé prioridad a sus políticas sociales.

Defender los derechos sociales y los servicios públicos para todos y para cada ceutí, atendiendo sus especifidades y estableciendo un mapa de ruta, que se proyecten en Planes, como el de Inclusión Social, aún sin salir a la luz, o con Reglamentos, como el de Alojamiento Alternativo, atendiendo situaciones de extrema necesidad.

En este caso, desde el Grupo Parlamentario Socialista (GPS), su portavoz Manuel Hernández hace referencia a los desahucios que, sin ser programados o que vulneran la protección de las familias, especialmente con menores a cargo, deben acompañarse por Ley con una vía de mediación, tal y como se acordó en sesiones plenarias anteriores, para que las familias no queden desamparadas, antes de producirse el desahucio. “Pero como cualquier acuerdo plenario, caen en saco roto”, dice el portavoz del GPS.

Por ello, desde el GPS, exigirán al Gobierno de la Ciudad, en el Pleno de la Asamblea, a que se comprometa a poner todos los medios y recursos para paralizar los desahucios y los desalojos forzosos (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo), estableciendo convenios con los juzgados para exigir informe previo de Servicios Sociales sobre la existencia de alternativa habitacional.

Podemos y ERC tumban el decreto del mercado de alquiler de viviendas

Por otro lado la portavoz socialista Isabel Celaá, en declaraciones recordaba a que los desalojos de Lavapiés no hubiesen ocurrido si el decreto que regulaba el mercado de alquiler de viviendas no fuese tumbado en el Congreso. La portavoz no ha hecho más comentarios. Pero este medio sabe que el que impidió que ese decreto fuese convalidado fue, Podemos y ERC.