El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, le ha pedido al ministro de Política Territorial, Ángel Torres, que dé, un impulso definitivo a las medidas estratégicas en pos de la calidad de vida, el desarrollo económico, prosperidad y estabilidad que contempla el Estado para Ceuta en el Plan Integral de 2022.

Esa petición viene a cuento de que, el ministerio de Torres, es el que se encarga de la coordinación y seguimiento de la ejecución del Plan Integral aprobado en octubre de 2022.

Ministro y presidente, han mantenido en el palacio de la Asamblea una reunión donde han abordado la situación del Plan, e incluir a Ceuta en la Estrategia de Seguridad Nacional.

“Siempre es motivo de satisfacción recibir a un ministro”, le ha dicho Vivas y, en este caso porque ha sido presidente del Gobierno canario y, sabe la realidad extrapeninsular, insular y sus dificultades para el desarrollo económico, de la escasez de recursos naturales, de las comunicaciones o de la presión migratoria.

El presidente ha hablado con Torres de muchas cosas, como la recuperación de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y las necesidades en educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. Aparte de la cesión de suelo de Defensa y de la conexión eléctrica con la península. También del abaratamiento de las comunicaciones; la construcción del centro educativo del Brull; la Ciudad de la FP; la aduana comercial; la dinamización del puerto; la segunda fase de la N-352 y una ley específica del suelo para Ceuta y Melilla.

Sobre la estrategia de Seguridad Nacional, ha hecho hincapié en las infraestructuras y medios de Defensa y Seguridad; la ampliación y blindaje del REF al servicio del modelo económico verde, azul e inteligente y la cobertura de los déficits que “causan los condicionantes estructurales”.

Vivas le ha recordado a Torres que Ceuta vive una situación límite y de “verdadera emergencia” con los MENA, y le ha pedido modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería en aplicación al principio constitucional de solidaridad, o sea, que la derivación a la península de los menores sea obligatoria y no dependa de la libre decisión de las distintas comunidades.