El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley de Extranjería para establecer un sistema de reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. La medida busca dar una solución estructural y reglada a la sobrecarga que sufren territorios como Ceuta y Canarias, estableciendo criterios de distribución y garantizando financiación estatal.

El nuevo real decreto-ley añade un artículo 35 bis a la Ley de Extranjería, que permitirá activar un mecanismo de contingencia cuando un territorio supere tres veces su capacidad de acogida. Además, el Gobierno destinará 100 millones de euros en 2025 para sufragar los costes derivados de este plan.

El Gobierno defiende el modelo de reparto

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado la medida como un “hito en la defensa de los derechos humanos”, asegurando que responde a una demanda histórica de los territorios frontera. Subrayó que, por primera vez, el Gobierno central asume parte de la responsabilidad en una competencia que hasta ahora ha sido autonómica y que se regula con criterios claros y transparentes.

El nuevo modelo establece parámetros objetivos para el reparto de menores, incluyendo población, renta per cápita, tasa de paro y la condición de ciudad fronteriza o insular. Además, se fija un plazo máximo de 15 días para el traslado de los menores una vez inscritos en el registro. El Ejecutivo defiende que esta regulación garantizará una redistribución equitativa y evitará colapsos en determinados territorios.

El ministro ha destacado que, en algunos centros, hay 300 menores en espacios habilitados para 20, lo que impide su escolarización en condiciones dignas. “En este país acogimos a miles de niños ucranianos. Son los mismos menores, la única diferencia es el color de su piel”, afirmó, instando a los partidos a apoyar la norma con sentido de Estado.

El Gobierno de Ceuta respalda la medida, pero reclama más apoyo

El Ejecutivo ceutí ha manifestado su apoyo a la reforma, argumentando que el reparto equitativo de menores es una necesidad estructural para evitar el colapso de los sistemas de acogida. Consideran que esta medida responde a una demanda histórica de Ceuta y Canarias, pero advierten que, hasta su aplicación efectiva, la situación sigue siendo insostenible y requieren más ayuda del Estado.

Posiciones encontradas entre los partidos

El PSOE ha calificado la medida como un “hito histórico” que da respuesta a una necesidad estructural de los territorios frontera. Los socialistas subrayan que este decreto es la primera solución reglada en 30 años y acusan al PP de falta de compromiso, instándole a alejarse de las posiciones de Vox y sumarse a una solución permanente.

Por su parte, el PP mantiene un discurso ambiguo. Mientras que el Gobierno de Ceuta apoya el decreto, en otras comunidades gobernadas por los populares se rechaza la redistribución. Desde el PSOE han acusado a Feijóo de plegarse a Vox, recordando que meses atrás algunas autonomías del PP se mostraban abiertas a acoger menores.

Desde Vox, el rechazo ha sido tajante. La formación considera que esta reforma “abre la puerta a una inmigración ilegal descontrolada” y que incentivará la llegada masiva de menores a Ceuta. Además, han acusado al PP ceutí de traicionar los intereses nacionales al respaldar el acuerdo entre PSOE y Junts, calificándolo como un “chantaje separatista”.

El MDyC, por su parte, ha manifestado su apoyo a la reforma, pero ha exigido que se priorice un enfoque más humanitario. Critican que el debate sobre el reparto de menores se centre exclusivamente en Canarias y denuncian que Ceuta “no puede ser un daño colateral” en esta negociación.

Un plan con desafíos en su aplicación

Mientras el decreto establece un marco legal para la redistribución de menores, el verdadero reto será su aplicación. La falta de consenso entre comunidades autónomas y la presión política sobre el Gobierno central anticipan un escenario de debate continuo en los próximos meses.