Cuando este lunes los reyes visitaban el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, saltaba la noticia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía la investigación que los últimos años llevaba Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del llamado ‘AVE del desierto’, que une las ciudades de Medina y La Meca, al comprobar que uno de los que podrían estar involucrados en la investigación sería el actual padre del rey, por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Por el momento, Casa Real, no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía de investigar el presunto pago de posibles comisiones al rey emérito.

Según ha informado este lunes el ministerio público, la investigación se centrará en "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando don Juan Carlos dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución en el artículo 56.3.

Don Juan Carlos, en 2008 era inviolable por el presunto cobro de la comisión, pero a partir de junio de 2014, cuando abdicó, perdió ese blindaje, pero sigue aforado ante la sala segunda del Tribunal Supremo, la cual en esa fecha reforzó su protección, pero no es inviolable, por lo qué, se puede investigar los movimientos de ese dinero y todo quedaría en manos del Supremo de llevarlo a los tribunales.

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, sobre la decisión de la Fiscalía de investigar al rey emérito, ha dicho que, "la justicia es igual para todos" y el Ejecutivo "no va a interferir" en esta actuación.

Montero ha indicado que, “el Gobierno, colaborará en todo lo necesario", facilitando la labor de los tribunales para que, desempeñen su tarea en las condiciones mejores posibles.