En los últimos años las marchas por una vivienda digna vienen siendo un tema recurrente en varias ciudades españolas.

Un claro ejemplo es una familia con residencia en carretera del Pont de Vilomara, a la que el propietario habría decidido no renovar su contrato, dejándola en una situación desesperada.

No era solo un desahucio, sino también la pérdida de un lugar donde los integrantes del grupo familiar habían construido muchos recuerdos y una vida.

Pasada las nueve de la mañana de este martes (17), la Policía Local paralizó por varios minutos el tránsito en dos calles que conectan con la vivienda señalada, creando una especie de “cerco” que separaba dos realidades: la de personas a punto de ser desalojadas de su piso y, del otro lado, a referentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Capitalismo (PAHC), una organización que defiende el derecho a la vivienda en la ciudad en toda La comarca del Bages.

Los manifestantes, portando banderas y otros entre aplausos, solicitaron a la comunidad a unirse a la defensa y, a la policía desistir con dicha medida de desalojo.

De hecho, la solidaridad se palpaba en el ambiente, mientras algunos transeúntes se detenían a observar, sorprendidos la escena.

“En algún momento esto va a terminar en un desborde porque no podemos asumir estos precios. Se desahucian cinco familias cada semana”, alertó Pablo Ruíz, referente de la PAHC.

Junto a los manifestantes se posicionaron en medio de la calle con mucha determinación, conscientes de que su rol no solo era un procedimiento legal, sino que también representaba el dolor de una familia que se enfrentaba a una gran incertidumbre.

Ruiz, quien encabezó la protesta apuntó que el dueño de la unidad habitacional decidió no darle continuidad al contrato de alquiler de la familia, por lo que acudió a la justicia para que la desalojen, haciendo la vista “gorda” a la crisis habitacional existente. El referente de la PAHC añadió que:

“Nosotros entendemos que las casas son para que la gente viva en ellas y no para que se usen como mercancías. Entonces lo que está pasando es que el propietario por el simple hecho de querer subir el alquiler o de hacer el uso que considere, tiene todo un aparato judicial y administrativo que le permite hacer lo que está haciendo hoy que es echar de su casa a una familia”.

En este contexto puso de manifiesto que el mercado de los alquileres está muy “hinchado” y los precios son inaccesibles. “Sobre todo para una mujer que vive de subsidios y que no tiene más fuentes de ingresos”, comentó Ruíz al referirse nuevamente a la familia afectada.

Por otro lado, expuso:

“Del Gobierno español hemos recibido una respuesta que es más bonificaciones a los propietarios, es decir ayudas indirectas a los inquilinos para que los propietarios puedan seguir recibiendo sus ingresos y por otra parte lo que ya vimos en los años 2.000, promoción de nuevas viviendas cuando estamos frente a un estado con más viviendas vacías y más bloques construidos en el que no reside nadie”.

Asimismo, señaló que por parte de la patronal inmobiliaria la respuesta tras las últimas marchas llevadas a cabo en Madrid y Barcelona “les ha dado un poco de miedo”.

Desde la PAHC describieron este escenario como un volcán que viene estallando durante años, particularmente desde la situación con las hipotecas en los años 2012, 2013 y 2014.

Ruiz continuó describiendo que desde que empezó la crisis financiera del año 2.008 hubo más de un millón de hogares desahuciados, mientras que a la fecha tres millones de personas fueron desalojadas. Pablo Ruíz de la PAHC culminó subrayando que:

“No podemos olvidar los desplazamientos invisibles por subidas de alquiler, por no renovación de contratos, infraviviendas. Es decir que el problema de vivienda es algo histórico y está muy metido de nuestra vida social y nuestra historia”.

Y así, mientras unos guardan sus pertenencias en cajas, otros guardan sus sueños en la incertidumbre de un mañana sin hogar.