INGESA va a aplicar la disposición adicional tercera del RD 118/2023 de manera parcial, perjudicando económicamente, a un total, aproximadamente, de 300 trabajadores, porque no son sanitarios, aunque trabajen para la sanidad, e igualmente padezcan las condiciones adversas del sistema.

UGT, no sabe a cuánto asciende la cantidad económica del incentivo. Por ello, toman como referencia a Valencia, donde la cantidad anual a repartir entre todos sus trabajadores (personal sanitario y no sanitario) supone 10.000 euros, los grupos: A1: 6.500; A2: 4.000; C1: 3.000 y C2: 2.000 euros, en otras agrupaciones profesionales.

INGESA discriminaría y apartaría al personal de RRHH de contratación pública, lo que:

“Es tremendamente desmotivador, y discriminatorio”, afirma el sindicato".

INGESA, si tiene voluntad, puede evitar la brecha económica que va a crear entre personal sanitario y no sanitario, atendiendo al compromiso del Gobierno y la AGE con Ceuta, y con el personal estatutario de sus instituciones sanitarias, a través del Plan Integral para Ceuta, que la considera como área de difícil desempeño y cobertura médica.

También, atendiendo al Acuerdo de la Comisión de RRHH del SNS, que indica que estos incentivos podrían aplicarse a la categoría, centro o equipo multidisciplinar y no solo al profesional que ocupa el puesto de difícil cobertura.

INGESA no puede utilizar el citado Acuerdo arbitrariamente, pues si extiende los incentivos destinados a la Atención Primaria y hospitalaria, basándose en el Acuerdo, con base al mismo, debe extender al resto del personal que trabaja en sus instituciones.

Por eso UGT solicita a INGESA que, reconsidere su trato a estos 300 trabajadores y abra la puerta al diálogo.