El presidente Vivas recibe su enésimo varapalo judicial y le limita a 25 asesores
La sentencia del TSJA posiciona a Vivas en un filo que le puede traer consecuencias judiciales
UGT exige que, “se dé cumplimiento efectivo a esta sentencia y que no se utilicen más ardides en prolongar estos ilícitos nombramientos”.
El TSJA ha ratificado la sentencia del Juzgado nº 1 de Ceuta que daba la razón a la UGT en la limitación a 25 asesores como tope máximo en la Asamblea, rechazando el recurso de apelación. Incluso incidiendo aún más que, “la sentencia de Ceuta en la ilegalidad de crear 23 nuevos puestos de asesores y pretender esquivar la primera sentencia mediante la treta de no recurrir y motivar dicho acuerdo sin base jurídica alguna”.
UGT “ha taponado”, -así lo dice- al presidente Vivas a que no “dilapide” el dinero que “se recauda con nuestros impuestos, pagando sueldos a correligionarios cuyo único mérito es el de militar en el partido de Vivas”. Al sindicato le parece que a Vivas le interesa mantener que la Ciudad es una autonomía con el único y exclusivo fin de montar una macro administración en la que “pueda situar a quién el pretenda”, ni pensar que, “es Moreno Bonilla sino un alcalde con algunas competencias más, que por cierto suele tener bastante abandonadas”, recrimina UGT.
Desde la Unión General de Trabajadores aseguran que, llevan años denunciando la “catastrófica” labor de su Administración, “mientras se cepillaba a casi un tercio de la plantilla de empleados públicos, duplicaba y triplicaba el número de cargos”, provocando una demanda de personal, achacándolo a una la falta de recursos económicos.
UGT afirma que se llevan años “dilapidando” dinero en asesores que, “nadie sabe para qué sirven y encima cuyo nombramiento es ilegal”, ratificado por el TSJA. También con el agravante de gasto en recursos y en gabinetes externos.
Por todo ello UGT exige que, “se dé cumplimiento efectivo a esta sentencia y que no se utilicen más ardides en prolongar estos ilícitos nombramientos”.
Según el Sindicato esta actitud es peligrosa para el presidente ya ha sido calificada por el Tribunal Supremo como fraude de ley, con las pertinentes consecuencias penales.