El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado al INGESA que apruebe los protocolos necesarios para poder aplicar en Ceuta y de Melilla las guías de prescripción enfermera, ya que, supondrán una mejora palpable de la atención sanitaria y una reducción de citas innecesarias y demoras.

Sanidad, ha aprobado hasta la fecha seis guías (Hipertensión, Diabetes, anticoagulación oral, heridas, quemaduras y ostomías) que establecen las condiciones donde las enfermeras pueden participar o indicar el uso de algunos medicamentos sujetos a prescripción médica.

SATSE subraya que la aplicación efectiva de estas guías conllevará distintos beneficios para el paciente y los profesionales. Entre ellos, eficiencia y efectividad de la atención y los tratamientos derivados o facilitar la accesibilidad para las actuaciones relacionadas con la medicación, evitando o reduciendo citas innecesarias o demoras.

Otros efectos positivos son la detección por parte de las enfermeras de efectos adversos relacionados con el tratamiento farmacológico, o la realización de un seguimiento más exhaustivo para prevenir la aparición de complicaciones asociadas al tratamiento y a la propia patología.

SATSE también ha venido reclamando en los últimos meses al Ministerio que agilice los trámites necesarios para la aprobación definitiva de las nuevas guías de prescripción enfermera, que ya, han sido consensuadas por la comisión, como, por ejemplo, la guía de la fiebre. Hay otras guías sobre las que ya se han iniciado los trabajos (Salud sexual y reproductiva y Deshabituación tabáquica).

El sindicato ha comprobado que, “desde el Ministerio se ha dado un impulso en la elaboración de estas guías”.

Seguridad jurídica

La implantación de estas guías supone mejorar la atención sanitaria y cuidados, además de profundizar en las competencias enfermeras y dar efectividad a la previsión que hizo la Ley del Medicamento respecto a su participación en la indicación, uso y autorización de medicamentos sujetos a prescripción médica. También garantiza la necesaria seguridad jurídica a la hora de realizar determinadas actuaciones asistenciales, añade.

El Real Decreto establecía un periodo de dos años para su aplicación en el conjunto del Estado, y ya, han transcurrido más de cuatro años sin que aún estén aprobadas todas las guías que inicialmente serían necesarias. Además, las guías ya aprobadas siguen pendientes de implementarse en las diferentes comunidades y servicios de salud.