El Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta en sentencia notificada el lunes 18 de mayo, ha vuelto a dar la razón a la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores en la lucha durante años contra la "megalómana" estructura de Gobierno que ha creado el presidente Vivas.  “Con el consiguiente derroche de recursos del Capítulo 1 de los Presupuestos de la Ciudad, todo a ello a costa de los bolsillos de los contribuyentes”, asegura FeSP-UGT.

La FeSP dice que, desde el año 2015 en el que Vivas dio el gran salto en el número de “asesores” aumentándolos de 18 a 41 (veintitrés asesores más), la Sección Sindical, ha ido presentando alegaciones, todas ellas rechazadas por el Gobierno, y acudiendo al Contencioso, ganando sentencias que Vivas ha ido sorteando, como ha hecho en el caso de los viceconsejeros y hará cuando salga la sentencia sobre el desaforado número de directores generales.

FeSP-UGT indica que, no tienen ninguna duda que su El Gobierno Vivas recurrirá esta sentencia, aún a sabiendas que el TSJA va a ratificarla, pero el Sindicato le echa en cara que “lo recurre con el dinero de todos los ciudadanos, como con la anterior sentencia que ganó la UGT sobre su indemnización por residencia”, la cual el Sindicato le achaca que “de forma impúdica contrató a un abogado por quince mil euros para defender su propio bolsillo sin ruborizarse”. Dos años más –dice el Sindicato- para que llegue la sentencia del TSJA y si puede recurrirá en casación ante el Supremo, “mientras los ciudadanos seguimos pagando las retribuciones de veintitrés asesores, que nunca serán devueltas”, afirma la FeSP.

La UGT le recrimina al Ejecutivo Vivas, que en plena crisis del Covid-19, cuando todos los ayuntamientos refuerzan sus plantillas para prestarle un servicio más eficaz a sus ciudadanos, aquí el Gobierno no tiene un euro para contrataciones, cuando hay servicios básicos que están al borde del colapso.

Al Sindicato le resulta Indignante y bochornoso, que “para eso sí hay dinero”, se vayan a nombrar cuatro asesores más, “al parecer todos ellos muy patrióticos”.

La FeSP-UGT interroga por qué se le permite todo esto y se hace dos preguntas:  

¿Cómo es posible que durante dos décadas Vivas haya gobernado esta Ciudad sin secretario general, ni interventor? Las dos figuras básicas de cualquier administración autonómica o local, una para controlar la legalidad de las decisiones que se adopten y la otra para controlar las cuentas.

¿Y por qué se ha tolerado que en todos los procedimientos judiciales por nombramientos indebidos haya ido haciendo piruetas judiciales para eludir la acción de la justicia? Llegando al punto de que el Tribunal Supremo en la sentencia de casación por el asunto de los viceconsejeros calificara sus maniobras como fraude de ley.

Ya lo hemos dicho con anterioridad y lo volvemos a repetir –advierte la Sección Sindical-  es urgente que intervenga la fiscalía en defensa del ciudadano para evitar que prolongue todos estos pleitos de forma artificial y cambie denominaciones de cargos, direcciones generales, viceconsejerías y todas las artimañas habidas y por haber para que “los fondos públicos no se puedan seguir utilizando indebidamente”, afirma a lo que añade, y desde luego el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene que intervenir sin dilación para que se nombre un interventor y un secretario general y que “no sea elegido por el dedo del señor Vivas”.

En cualquier caso, desde la UGT, como ya anunciaron en su momento, están preparando una demanda, que próximamente se presentará ante el Juzgado de Instrucción correspondiente para evitar de que, “el Ejecutivo local con su presidente a la cabeza siga con esta política de intentar esquivar a la Justicia a costa del bolsillo de los ciudadanos”.