El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha presidido, este pasado viernes día 3, junto al secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel, la reunión de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la mejora del Empleo Público, a la que han asistido representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, tras largos meses de ausencia de convocatorias.

Por parte de los sindicatos, en primer lugar, CCOO ha puesto de manifiesto la falta de diálogo durante tanto tiempo. Si bien ha podido estar justificada por la crisis sanitaria producida por la covid-19, pero que este se podía haber tenido como se ha hecho en el ámbito de la mesa de coordinación del empleo público con las comunidades autónomas y la FEMP. Hernández Spínola dice que, dadas las dificultades vividas estos meses las administraciones públicas, que han centrado sus esfuerzos en atender la pandemia, y ha recordado la prórroga aprobada del plazo habilitado para efectuar las convocatorias de los procesos de oferta de empleo público, incluidos estos procesos de estabilización, hasta el año 2021.

Esta ausencia de diálogo –para el Sindicato- ha generado una falta de coordinación de las medidas que se han ido implementando en las distintas Administraciones públicas durante todo el período de confinamiento y desescalada, y una falta de desarrollo de los acuerdos suscritos con función pública en los años 2017 y 2018, hecho que “ha repercutido gravemente en los servicios públicos, solo resuelto en parte por el empeño y profesionalidad de los trabajadores públicos”.

CCOO no acepta la visión inicial, planteada por el secretario de Estado, de que el grado de cumplimiento del Acuerdo es bueno en general. El Sindicato no considera que se hayan cumplido los objetivos principales, ni de recuperación de poder adquisitivo ni de disminución de la temporalidad y la precariedad. Lo que, para el secretario de Estado, realizando una valoración global, ha calificado como “alto” el grado de cumplimiento del Acuerdo y ha reconocido “el esfuerzo de la Administración General del Estado y de las fuerzas sindicales que lo suscribieron para alcanzar estos logros”.

El Secretario de Estado añade que, “se trata de un compromiso cumplido en una parte sustancial de su contenido, ya que se han abonado tanto las retribuciones fijas como complementarias de los años 2018 y 2019, y las retribuciones fijas de 2020, han supuesto un incremento global de retribuciones de un 6,7%”. Por ello, el compromiso de mayor dimensión del II Acuerdo fue el incremento retributivo para el personal del Sector Público, que se aprobó el pasado mes de enero Real Decreto-ley 2/2020, sobre medidas urgentes en materia de retribuciones aprobando un incremento del 2%. Hernández Spínola ha señalado que, “ahora tenemos por delante el reto de abordar en los próximos meses la aplicación de estos porcentajes a la oferta de empleo público de la AGE para 2020”.

Desde el Área Pública de CCOO han reclamado al secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública un calendario que permita impulsar los compromisos adquiridos e iniciar la negociación de un nuevo acuerdo para seguir recuperando empleo y salarios, implementando las medidas de igualdad y corresponsabilidad en todas las Administraciones públicas, recuperar la jornada de 35 horas, una regulación seria del teletrabajo o modalidad no presencial, jubilación anticipada, entre otros.

En este sentido, para el Sindicato es necesario acabar con la precariedad laboral implantada en el ámbito de las Administraciones públicas y terminar con la alta tasa de temporalidad existente, así como recuperar el empleo público perdido desde la anterior crisis de 2008. “Para ello es imprescindible eliminar la tasa de reposición y culminar las ofertas de empleo público ordinarias, así como los procesos de estabilización y consolidación”, aclara.

Los citados procesos y ofertas de empleo ya acumulaban un enorme retraso antes de la pandemia y, como ha denunciado CCOO, entre los diferentes sectores públicos hay más de 293.257 plazas pendientes de ejecutarse de las ofertas de 2017, 2018 y 2019, habiéndose ejecutado solo 60.075, y la mayoría de los sectores tiene pendiente la negociación de las de 2020. El porcentaje de temporalidad se situaba, en el mejor de los casos, en el 19,29% muy lejos del 8% comprometido. Además, existe una gran disparidad entre los diferentes sectores y administraciones, con algunos colectivos con porcentajes de temporalidad cercanos al 100%.

CCOO ha insistido en que resulta imprescindible que las Administraciones públicas que no están respetando los compromisos adquiridos cumplan los acuerdos, tanto en los aspectos de empleo como en los retributivos. Acuerdos que, en ambas materias, están trasladados íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 que, al tener carácter básico, son de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas y el sector público empresarial. En caso de no respetarse, se estaría incurriendo en una ilegalidad. Igualmente se deben legislar, sin más dilación, las medidas sancionadoras a este respecto y realizar modificaciones normativas que frenen el abuso en la contratación temporal.

Para el Secretario de Estado, una de las novedades más notables tanto del Acuerdo del año 2017 como de este II Acuerdo fue el proceso de estabilización de empleo temporal. En el marco de este Acuerdo, se amplió a los servicios generales, de investigación y a otros servicios públicos. El compromiso de regular estos procesos está cumplido en la LPGE 2018, si bien, una vez cumplido este requisito, hay que poner el acento en la ejecución de estos procesos.

También es necesario, para el Sindicato, que se convoquen las plazas consideradas estructurales, cubiertas por personal eventual o por programas, en los centros y servicios que tienen un elevado porcentaje de eventualidad, como por ejemplo los hospitales militares, la agencia del medicamento, extranjería, el CSIC u otros centros de investigación.

CCOO ha reclamado a la Secretaría de Estado posicionamiento y una exposición de sus líneas de trabajo en relación con la adaptación de la normativa española a la Directiva Europea relativa al Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, suscrito por CCOO a través de la CES.

Igualmente, desde CCOO han pedido aclaraciones y modificaciones del artículo 11 del RDL 23/2020 para asegurar que se puedan aprobar y ejecutar, sin limitaciones ni caducidades, todas las Ofertas de Empleo Público ordinarias, así como las de estabilización y consolidación.

Por otra parte, CCOO exige que se negocie adecuadamente con la representación de los trabajadores la regulación del teletrabajo. Es inaceptable que esta consista en un parche unilateral en el EBEP. En este sentido, insistirán en abrir una negociación en profundidad de la regulación del teletrabajo en el ámbito público, al igual que se ha abierto en el ámbito privado, partiendo de la garantía de la prestación presencial del servicio público, para llegar a un acuerdo marco común que contenga los elementos imprescindibles o de carácter mínimo para que después puedan ser desarrollados en los ámbitos descentralizados.