La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, viene reclamando, hace años, una reforma del servicio público de Justicia, la que, debe atender a las necesidades que demandan los ciudadanos en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por ello, la central sindical exige una reforma donde se les pida opinión a los que real y verdaderamente están de cara al ciudadano atendiendo sus requerimientos y demandas. Y está en contra como se están tramitando el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.

La realidad de la Administración de Justicia es: edificios en mal estado, programas informáticos de gestión se “caen” continuamente y se ejecutan con lentitud, porque están anticuados. Dificultades en Ceuta que, según CSIF, los funcionarios resuelven con profesionalidad por encima de toda falta de sensibilidad y empatía con ellos.

CSIF recuerda que, se plantea una reforma a coste cero ante la falta de medios personales cifrada en más de 20.000 efectivos adicionales en todos los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, imponiéndose condiciones de trabajo establecidas en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) sin negociación colectiva previa vulnerando el derecho de libertad sindical y, es inaceptable para el sindicato, imponer una reforma en la que los puestos de trabajo de las oficinas judiciales se convertirán en RPT se hayan o no, negociado sus condiciones de trabajo.

El defensor del Pueblo ha admitido una queja de la central sindical por vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva y, se ha dirigido a los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Justicia del Congreso para solicitar la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley hasta la negociación colectiva previa.

Por todo ello desde CSIF no descartan ninguna medida de presión tanto sindical como social o jurídica frente a lo que es, un atentado a la negociación colectiva.

Es imprescindible que el Ministerio elimine la implantación obligatoria de las RPT y se siente a negociar todas estas reformas con los representantes de los funcionarios de Justicia, tal y como exige el TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).