Los trabajadores de Correos, convocados por los sindicatos CCOO y UGT, mayoritarios en la empresa postal pública, han protagonizado una concentración de protesta ante lo que consideran un “constante lavado de imagen del presidente de Correos”.

Ambos sindicatos han denunciado lo que califican de las dos caras de una misma moneda: por una parte la nefasta gestión de la crisis sanitaria, que puso a Correos en el triste récord de situarse como segundo colectivo en contagios, tras el personal sanitario, con cerca de 1.000 contagios y más de 3.000 cuarentenas en una plantilla de 55.000 trabajadores, y por otra el plan de desmantelamiento de Correos como servicio público, para centrar su actividad únicamente en la actividad rentable y recortar el servicio postal universal, lo que afectará directamente a los ciudadanos de Ceuta.

En este sentido, CCOO y UGT recuerdan que Serrano excluyó el servicio postal universal de los servicios esenciales incluidos en el real decreto de alarma, exclusión que solo fue corregida, a instancias de COO y UGT, por el ministerio de Transporte, y obligó a la plantilla a trabajar sin medios de protección durante semanas, con el fin de “hacer caja” con el comercio electrónico.

Esta maniobra, desarrollada en marzo pasado, en plena expansión del virus y por encima de la seguridad de la plantilla, cobra especial relevancia al comprobarse la agenda oculta del presidente de Correos integrada en su Plan Estratégico para los próximos años, con medidas como el recorte del 30% (100 millones anuales) de los recursos financieros destinados a garantizar el servicio público, que tendrá impacto directo en zonas rurales, zonas insulares o ciudades como Ceuta, que por su peculiaridad geográfica se verán seriamente afectadas.

Otras medidas que el presidente de Correos pretende incorporar a su Plan Estratégico son la recentralización y recorte de la estructura directiva territorial, la programación del cierre de oficinas y de unidades de reparto que reducirá la extensión de la red postal, así como un plan de venta de inmuebles, históricos algunos de ellos, que implicará la privatización directa del patrimonio público de Correos, que recordamos que pertenece a todos los ciudadanos.

Además, Correos ha procedido a una ruptura sin precedentes del diálogo social con los representantes de los trabajadores, saltándose el marco legal del Convenio y aplicando medidas unilateralmente, lo que está provocando un cúmulo de acciones legales por parte de los sindicatos nunca antes vivida en esta empresa.

Ante lo que consideran un auténtico plan de desmantelamiento de Correos, ambos sindicatos han advertido su rechazo frontal a la reconversión de la mayor empresa pública del país como estrategia ante la salida de la crisis sanitaria y económica.