CCOO denuncia la paralización que sufren las Ofertas de Empleo Público (OEP) aprobadas por el Gobierno para la Administración General del Estado, y que supondrían la incorporación de casi 20.000 trabajadores y trabajadoras, la estabilización de más de 5.000 puestos temporales y la promoción de más de 14.000. El sindicato advierte del riesgo de colapso que se está produciendo en los servicios públicos, que ha perdido 43.000 empleadas y empleados públicos en los últimos 10 años.

José Manuel Vera, secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO recuerda que:

“La destrucción de empleo en la Administración del Estado se acerca al 20 %, una situación agravada por las nulas OEP entre 2010 y 2014, y el establecimiento de las tasas de reposición, que han frenado el mantenimiento de una plantilla que ahora se demuestra como indispensable para tramitar el IMV, los ERTE y los subsidios de empleo del hogar, vigilar y cuidar de reclusos y reclusas en centros penitenciarios, o investigar vacunas y nuevos test para la detección de la COVID-19, entre otros servicios públicos esenciales. Esto afecta directamente a la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”.

CCOO advierte de que se están produciendo multitud de casos “terribles” cuando parte de las personas que han superado los procesos selectivos se encuentra en situación de desempleo, con una oposición aprobada desde hace meses y sin percibir ingresos de ningún tipo. “El Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Arqueología es un ejemplo escandaloso, porque deriva de la OEP de 2017. Hasta marzo de 2020, casi tres años después, no se publicó la lista de aspirantes que han superado las pruebas, y desde entonces estas 13 personas están a la espera de elegir destino e incorporarse a la Administración”.

Una situación similar se produce en lo referente a los cuerpos administrativo y auxiliar. “La convocatoria de las ofertas de 2018 y 2019 se acumuló para, supuestamente, agilizar los procesos. Ha pasado casi un año desde la realización del primer ejercicio, y estos 4.000 aspirantes aprobados siguen esperando para su incorporación, cuando en este momento serían indispensables en el SEPE o la Seguridad Social, entre otros”.

El sindicato lamenta que el Gobierno opte por privatizar servicios públicos en lugar de desarrollar en un plazo razonable las OEP e incorporar a personal público. Vera recuerda que:

“En este momento hay 19.792 plazas de ingreso libre comprometidas entre 2018 y 2019 que no avanzan, cuando alrededor de la mitad de los procesos ya cuenta con aspirantes que han superado las pruebas selectivas, y llevan meses esperando la selección de destinos y la publicación de sus nombramientos”.

Pero los problemas del empleo público en la Administración del Estado no quedan ahí. CCOO recuerda que los procesos de promoción interna y estabilización del empleo público de carácter temporal también continúan frenados. Vera evidencia que:

“Cuando aprobamos 14.131 plazas de promoción interna es porque detectamos una necesidad de personal con mayor cualificación para realizar tareas concretas. No es de recibo que el personal, que ya trabaja en la Administración, ha superado las pruebas selectivas y en su mayor parte no tiene que elegir destino, sufra aún más demora que los procesos de ingreso libre”.

En cuanto a la estabilización, “a la que nos obliga la Unión Europea por la alta temporalidad”, el retraso es tan grave que existe riesgo de caducidad de las ofertas, que suman 5.390 puestos. “El propio Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo de tres años para evitar esta situación”.

Esta denuncia se enmarca en la campaña de movilizaciones que CCOO inició en junio para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en la Administración General del Estado. El sindicato considera injustificables los retrasos, en muchos casos superiores al año y medio, y mantiene un calendario de concentraciones que, tras las de Madrid y Granada, se replicarán en Ferrol, Cádiz, Málaga, Albacete, Sevilla y, de nuevo, Madrid. Entre otros, aluden a los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral, la ausencia de avances respecto a la jubilación anticipada parcial, la paralización de la negociación del III Plan de Igualdad, la no publicación del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, las deficiencias en la ejecución de la distribución de los Fondos Adicionales 2018-2020 o el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley de Función Pública AGE.