La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Ceuta ha mantenido una reunión con Javier Celaya, diputado del Partido Popular por Ceuta, para trasladar su preocupación por las posibles modificaciones de la "Ley Mordaza" y su impacto en la labor de los guardias civiles.

Durante el encuentro, en el que también participaron sindicatos policiales y otras asociaciones, AUGC subrayó que los cambios propuestos podrían afectar gravemente la capacidad operativa de los agentes, dejándolos en una situación de vulnerabilidad al verse limitados en su respuesta ante situaciones que comprometan tanto la seguridad ciudadana como la suya propia.

AUGC advirtió que la reforma de esta ley podría disminuir las herramientas disponibles para garantizar el orden y la seguridad, especialmente en territorios complejos como Ceuta, y reclamó que se tomen en cuenta sus inquietudes antes de proceder a modificaciones que, consideran, podrían "atar de pies y manos" a los guardias civiles.

Además, se trató el impacto de la Ley de Extranjería y las "devoluciones en caliente", prácticas que dificultan la labor de los agentes, exponiéndolos a riesgos legales al tener que actuar bajo un marco incierto y sin protección suficiente ante posibles amenazas. AUGC insiste en que estas devoluciones sitúan a los guardias en un escenario vulnerable, restando eficacia a su intervención en la frontera y comprometiendo la seguridad en situaciones que exigen respuestas inmediatas.

La asociación ha reiterado que el Gobierno está jugando con la seguridad de los ciudadanos al proponer cambios que podrían reducir la efectividad de las intervenciones de los agentes, poniendo en riesgo tanto la seguridad pública como la de los propios guardias civiles. Subrayan la importancia de contar con la opinión de los profesionales en la elaboración de leyes que afectan directamente a su trabajo diario en la protección del orden público.

AUGC Ceuta continuará defendiendo los intereses de los guardias civiles y velando para que cualquier modificación legislativa en el Congreso no comprometa su labor ni la seguridad de la ciudadanía, y mantendrá un diálogo abierto con los representantes políticos para asegurar que se garanticen los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de su deber.