La Administración de Justicia reanudó el pasado jueves 7 de septiembre, oficialmente su actividad con la apertura del Año Judicial 2023-2024, y lo hace arrastrando los mismos problemas de hace años, agravados durante el último ejercicio: personal insuficiente y desmotivado que se siente abandonado, retribuciones insuficientes y medios materiales escasos.

Los ciudadanos pagan las consecuencias, sufriendo retrasos en la celebración de juicios y en la tramitación de procedimientos y actuaciones judiciales. CSIF recuerda el conflicto que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia (el 93%) sigue vigente.

El próximo gobierno tiene la obligación de abordar la negociación funcional y retributiva, reconociendo sus labores que hacen a diario para sacar el trabajo adelante, y que, está pendiente desde la pasada legislatura.

Todo agravado porque el Ejecutivo está en funciones, y el debate sobre la situación de la Justicia se lleva al ámbito político, como la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial, ocultando y distrayendo la atención de los verdaderos problemas de la Justicia, centrados en la falta de medios materiales, personales y organizativos.

En este sentido, CSIF reclama un pacto real por la Justicia, con la participación de sus profesionales, que blinde el servicio público ante los vaivenes, la incertidumbre y el enfrentamiento político. Este pacto de Estado debería servir para dotar a la Justicia de medios suficientes y estables que garanticen un servicio público homogéneo y de calidad al conjunto de la ciudadanía.