La semana pasada saltaba la alarma de una amenaza de bomba en el IES “Siete Colinas”, el 112 siguiendo el protocolo movilizo a diferentes unidades.

Entre ellas, la Policía Nacional que, tras el aviso, activó la “Circular 50” (protocolo antiterrorista) obteniendo un resultado negativo, confirmándose que había sido una falsa alarma, todo ello después de desalojar el instituto durante una hora (alumnos, docentes, empleados…).

Difícil pero no imposible, es que ocurran este tipo de amenazas en un centro escolar de Ceuta, las que, dejando actos terroristas aparte, estas llamadas se iniciaron en una época de exámenes o de reivindicaciones estudiantiles allá por la transición, época difícil en la que estaba en auge de la banda terrorista ETA.

Pues bien, la madre del alumno de Formación Profesional del IES “Siete Colinas” puso a su hijo a disposición policial al enterarse que él, era uno de los tres que habían llamado al 112, para alertar que en las instalaciones había alojado un artefacto explosivo. Tras reconocerlo en sede judicial, el muchacho ha aceptado una condena de tres meses de servicios socieducativos. La Policía Nacional ya tenía identificados a los tres jóvenes participantes en la supuesta “broma”, dos de los cuales se han negado a reconocer su implicación, por lo que irán a juicio.

De ser culpables los otros dos jóvenes, se enfrentan a un delito Contra el Orden Público tipificado en el artículo 561 del Código Penal, el cual señala que:

"Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de "tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses".