La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) va a presentar una querella criminal contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante el Tribunal Supremo. El organismo ha enviado un comunicado al respecto, en el que acusa al ministro de un presunto delito contra los derechos de los profesionales sanitarios, debido a la partida de mascarillas defectuosas distribuidas a las autonomías para combatir el COVID-19.

Un lote compuesto por 2000 de esas mascarillas FFP2 defectuosas, modelo N95 ‘Garry Galaxy’ en envase verde, fueron enviadas a Ceuta por el Ministerio de Sanidad. El Sindicato Médico de Ceuta denunció este hecho el pasado lunes, 20 de abril, y demandó la identificación inmediata de todos aquellos profesionales que pudieran haber hecho uso de ellas, para así poder realizar el test PCR a los mismos y descartar el contagio. También mostró su frontal oposición a la posibilidad de dar un “segundo uso” a dichas mascarillas defectuosas como mascarillas quirúrgicas, en vez de devolverlas al proveedor para su sustitución por unas que fueran seguras y ajustadas a la normativa.

El Sindicato Médico Profesional de Ceuta considera que este hecho atenta contra la seguridad de los trabajadores y los pacientes, además de añadir incertidumbre a una situación ya de por sí complicada para los profesionales sanitarios. Por todo ello, suscribe las palabras del CESM, que considera que “ha habido una actuación negligente” por parte del Ministerio y se ha puesto “en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario”.

Desde el Sindicato se quiere remarcar que los sanitarios tienen derecho a trabajar con un material de protección homologado y suficiente que les proteja en esta lucha contra la pandemia del COVID-19, ya que son la primera barrera contra el virus. Y también recuerda que en España ya son más de 32.000 los sanitarios infectados por el coronavirus, por lo que deben tomarse medidas efectivas para frenar los estragos que la enfermedad está causando en los profesionales de la salud.