El INGESA ha sido condenado por el incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales por el Juzgado de lo Social. La sentencia ha sido dictada por la magistrada-juez del Juzgado de lo Social nº1, tras el juicio celebrado el 30 de junio en Ceuta, en el que el Sindicato Médico de Ceuta, como representación de los médicos que prestan sus servicios en el INGESA, interpuso una demanda contra dicho organismo. La de Ceuta es la tercera sentencia condenatoria, a nivel nacional, a una Administración pública sanitaria, tras los casos de Huesca y Teruel.  

A través del letrado José Vázquez Ávila, el sindicato local demandó al INGESA al considerar que el organismo ceutí había incumplido las normas de prevención de riesgos laborales durante la pandemia originada por el COVID-19, exigiendo a la entidad demandada que adoptara todas las medidas de protección necesarias para evitar riesgos innecesarios en la realización de la labor profesional de los médicos ceutíes.

En la sentencia, el fallo señala que:

 Queda acreditado que, aunque la entidad INGESA ha realizado una gestión adecuada en el suministro de los mecanismos de prevención respecto a los médicos a su cargo durante prácticamente toda la pandemia, dicho suministro no fue adecuado en la primera quincena de marzo, vulnerándose la normativa de prevención de riesgos laborales contenida en el artículo 14 y 15 de la LPRL.

Además, añade que la entidad:

No gestionó de forma adecuada la distribución de los EPIS respecto a los médicos los primeros 20 días de marzo.

En las disposiciones del informe, se explica detalladamente lo anterior:

Durante los primeros veinte días de marzo, existió una distribución irregular de los materiales de prevención y de forma puntual los médicos pertenecientes al SUAP (Servicio de Urgencia de Atención Primaria) al acudir a domicilios para toma de muestras, no dispusieron de batas impermeables, ni de batas HADA, sino que tuvieron que utilizar batas elaboradas por ellos mismos. Igualmente, existió una escasez de guantes de talla L.

Además de esto, para demostrar las deficiencias en el suministro de EPIS durante el periodo comprendido entre el 14 y el 26 de marzo, la jueza estima como “muy creíble” una de las declaraciones de los médicos que acudieron al juicio como testigos. El facultativo explicaba que:

Al principio, cuando los médicos acudían a los domicilios para recoger muestras y tenían contacto con los pacientes, tuvieron dificultades para disponer de suficientes batas impermeables. De modo que se confeccionaron batas con bolsas de basura para protegerse. Asimismo, señaló que tuvo dificultades para poder conseguir guantes de su talla, que es grande (L) ya que habitualmente se adquieren de talla mediana.

El hecho de que hasta la segunda quincena de marzo hubiera una distribución irregular de los EPIS generó, en ocasiones, un desabastecimiento para los sanitarios, como fue puesto de manifiesto en una reunión, celebrada el 16 de abril, entre la gerencia del INGESA y la junta de personal.  Todo ello, demuestra que, como algunos de los testigos señalaron durante el juicio que:

A principios de marzo y hasta al menos el 26, los médicos no dispusieron de todo el material necesario para garantizar su integridad.

El Sindicato Médico quiere recordar que en España la cifra de profesionales contagiados dentro del ámbito de la salud es de más de 51.000, un dato que debe servir para mostrar la importancia de contar con los materiales de protección adecuados para la seguridad de los sanitarios y de la población, en general.

Con esta sentencia, el Sindicato Médico quiere pedir a la Administración que proteja a sus médicos y sanitarios ante los rebrotes que ya están azotando la península y que previsiblemente llegarán a nuestra Ciudad. El organismo sindical considera necesario que el INGESA se comprometa a que no se repitan estos hechos en un futuro escenario, siendo una prioridad la protección de los sanitarios, ya que son la piedra angular del sistema de salud y sin ellos la población quedaría indefensa ante el virus.