La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, preside la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, acompañada del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias y las vicepresidentas tercera y cuarta, Nadia Calviño y Teresa Ribera, respectivamente.

El Consejo, en su sesión extraordinaria del día 9, ha aprobado a través de un Real Decreto la declaración del estado de alarma de 15 días naturales para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el COVID-19.

Este Decreto otorga cobertura jurídica a las medidas de restricción de movilidad adoptadas por mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado 30 de septiembre.

Todo esto viene precedido porque Sánchez le ha dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que, tenía tres opciones para la comunidad: que decrete unas medidas especiales o que solicite la declaración del estado de alarma o será el Ejecutivo lo declare, y así fue, al negarse la presidenta regional a pactar una fórmula legal que preservase la decisión tomada por Sanidad, la cual tumbo el TSJM y no presentar el plan alternativo que tantas vueltas con su vicepresidente, Ignacio Aguado, venía dando.

Ayuso le había pedido a Sánchez una tregua en la que le solicitaba tiempo, al que el presidente le dio el “ultimátum” hasta esta mañana del viernes antes de la reunión del Consejo de Ministros, donde se tomó la decisión de cerrar Madrid mediante la declaración del estado de alarma a partir de las tres de la tarde, salvo los casos que marca el Real Decreto, para contener y frenar la segunda ola, dando así cobertura legal a la normativa que tumbó el TSJM. 

Tras su aprobación el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha dicho.

“La presidenta de Madrid ha decidido no hacer nada. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus... La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver (…) Es muy importante que el nivel de contagios de Madrid no se extienda por el resto de España. Las medidas que adoptamos el día 30 de septiembre iban claramente en esta dirección. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud. Y esa es la finalidad de las medidas que tomamos".

Tras publicarse en el BOE con un cierto retraso, más de 7.000 efectivos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado garantizarán el cumplimiento de las medidas aprobadas con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía y para ayudar al personal sanitario en esta tarea.

Con ese fin, van a establecerse controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo.

Control que no se aplicó, por encontrarse la operación salida de este fin de semana con puente de la Hispanidad, en un estado bastante avanzado cuando entro en vigor el Real Decreto tras su publicación, eran casi las cinco de la tarde. Ahora veremos qué pasa en la operación retorno, solo podrán pasar como hemos dicho los casos que marquen las medidas.