La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado escrito de acusación este viernes en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional contra los independentistas implicados en el ‘proces’.

La Fiscalía del Estado ve en Oriol Junqueras el principal responsable de la rebelión y en Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart los jefes o promotores de la rebelión.

La Fiscalía del Estado ve rebelión porque entre otras, “llamaron a los ciudadanos a votar y buscaron el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad”. Por otra parte la Abogacía del Estado no ve rebelión porque no se aprecio violencia.

Mientras que la Fiscalía del Estado pide para el que fue vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, 25 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión y distracción de caudales públicos. La Abogacía del Estado pide 12 años de prisión y de inhabilitación por un delito de sedición y malversación.

A la que fue presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, la Fiscalía del Estado pide 17 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión. La Abogacía del Estado pide 10 años de prisión y de inhabilitación por un delito de sedición.

A los que fueron consejeros del Parlamento Catalán, Jordi Turull de Presidencia, Raül Romeva de Exterior, Joaquim Forn de Interior, Josep Rull de Territorio, Dolors Bassa de Trabajo, la Fiscalía del Estado pide para cada uno 16 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión y distracción de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide a cada uno 11 años y medio de prisión e inhabilitación por un delito de sedición y malversación. Al que en ese momento era secretario general del Departamento de Interior, César Puig, la Fiscalía pide 11 años de prisión y de inhabilitación por un delito de rebelión.

Para los otros consejeros del Parlamento Catalán, Carles Mundo de Justicia, Meitxell Borràs de Gobernación, Santi Villa de Empresa, la Fiscalía del Estado pide para cada uno 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación por un delito de de malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado pide a cada uno 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación. Aparte coinciden las dos instituciones en aplicarles una multa de 100 euros diarios durante 10 meses, que serian sobre 30.000 euros aproximadamente dependiendo de los meses con 31 días.

También coinciden la Fiscalía, en imponer multas de de 100 euros diarios durante 10 meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por cargo público a Mireia Boya que fue diputada de la CUP, y también la Abogacía del Estado por el mismo motivo a los que ejercieron como vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento Lluís Corominas y Lluís Guinó  que lo sustituyo. Asimismo para los que en la legislatura anterior ejercieron de secretarios de la Mesa del Parlamento Anna Simo la primera, Joan Jusep Nuet el tercero y Ramona Barrufet la cuarta. La inhabilitación que piden las Instituciones es de 1 año y 8 meses, excepto a Nuet que le rebajan 4 meses.

A los Jordis Sánchez y Cuixart,  los que en su día estaban de presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural respectivamente,  la Fiscalía solicita para cada uno 17 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión, mientras tanto la Abogacía pide a cada uno 8 años por un delito de sedición.

Mossos

D’ esquadra

La Fiscalía del Estado pide para los que eran el director general de los Mossos, Pere Soler y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, una pena de 11 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión.

La que en su momento era intendente de los Mossos, Teresa Laplana, la Fiscalía ha solicitado una pena de 4 años de prisión, y 5 de inhabilitación para presentarse como candidata en los procesos electorales y para volver a ejercer en los Mossos.