En la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, el presidente ha destacado que desde la aprobación del estado de alarma el incremento de contagios diarios ha pasado del 35% al 3% gracias al estricto confinamiento de los ciudadanos y al aumento del número de test. El Gobierno está adoptando decisiones duras pero eficaces, ha afirmado Sánchez en su respuesta a la cuestión formulada por Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que esas medidas están salvando vidas, benefician al conjunto de los españoles porque se aplican de manera homogénea en todo el territorio y están avaladas por la ciencia y reconocidas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de que los españoles podrán volver "dentro de muy poco" a la normalidad, aunque ha advertido de que "nada va a ser igual como consecuencia del COVID hasta que no encontremos la vacuna".

El presidente ha fijado como objetivo "la victoria total sobre el COVID-19" y ha propuesto alcanzarlo mediante la unidad del Gobierno de España con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los agentes sociales y el conjunto de las fuerzas parlamentarias. Situar el interés general sobre el partidario -ha añadido- facilitaría poner en marcha el plan de reconstrucción social y económica que va a necesitar tanto España como toda la zona euro, tal como reflejan las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre la envergadura de la crisis.

Sánchez ha apuntado, asimismo, que los fallecidos como consecuencia del COVID-19 "tendrán su merecido reconocimiento" una vez que se haya derrotado al virus.

Red de apoyos frente a la pandemia

La premisa del Gobierno ante la pandemia es "no dejar a nadie atrás", según ha remarcado el presidente al contestar a la diputada Mertxe Aizpurua, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.

Con ese enfoque -ha explicado-, el Consejo de Ministros ha ido aprobando en cada una de sus reuniones desde el inicio del estado de alarma numerosas medidas "para tejer esa red, no solo de apoyo a las familias y a los trabajadores, sino también al tejido productivo". Esa política de rentas para paliar los efectos económicos y sociales del COVID-19 está beneficiando a en torno al 25% de la población activa, lo que constituye "un esfuerzo enorme y sin precedentes".

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la crisis, Pedro Sánchez ha mencionado que ya son casi un millón los autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad; 3.889.000 trabajadores y trabajadores se están viendo beneficiados por los ERTE; se ha activado el segundo tramo de la línea de avales para garantizar la liquidez del tejido productivo, y un total de 1.290.000 consumidores se van a beneficiar de la garantía del suministro de energía a consumidores vulnerables. Además, el Estado ha inyectado recursos a las comunidades autónomas a través de los anticipos a cuenta.

El jefe del Ejecutivo ha sostenido que no hay que contraponer la economía y la salud, ya que "ambas cosas van de la mano", y que la vuelta a la actividad debe realizarse siempre bajo criterios de seguridad, a través del diálogo de los agentes sociales y con la flexibilidad laboral que permite, por ejemplo, el teletrabajo.

Refuerzo de la justicia fiscal

Respecto a la reforma del sistema fiscal, asunto que ha planteado en la sesión de control la diputada Mireia Vehí, del Grupo Parlamentario Mixto, el presidente del Gobierno ha abogado por la armonización a nivel europeo para acabar con los paraísos fiscales. Sánchez ha indicado, además, que tanto en el debate de investidura como en el programa del Gobierno de coalición figuran la revisión del Impuesto de Sociedades para aumentar la contribución de las grandes corporaciones.

El presidente ha señalado, asimismo, que su Ejecutivo ha sido uno de los primeros en plantear una tasa a las grandes compañías digitales del mundo, así como un impuesto a las transacciones financieras.

El objetivo en este ámbito -ha manifestado- es "reforzar el carácter de justicia fiscal que necesita nuestro sistema impositivo, en España y en el conjunto de Europa".