Vox Ceuta considera “repulsivo” la decisión tomada por Hércules SGI SL con la trabajadora de las instalaciones del Conservatorio de Música, la que, se adeudaba desde hace meses las nóminas.

Además, la formación advierte que la empresa ya contaba con dinero para abonar los salarios, ya que:

“Su reacción ha sido proceder al pago de las nóminas adeudadas, a excepción de la despedida”.

A Juan Sergio Redondo le hace pensar que: 

“Las demoras eran intentos para presionar al Ejecutivo local y acceder a nuevos contratos”.

El líder ceutí recuerda que, “estas concesiones se produjeron en diciembre, con la adjudicación, -con impagos publicitados- de un nuevo contrato para la vigilancia y atención del Museo del Revellín”.

Redondo explica que:

“Esta contratación realizada por el Ejecutivo Vivas, ante el silencio cómplice de sus socios del PSOE, hizo que VOX indagase para ver los vínculos que mantenía con la Ciudad”.

La sorpresa ha sido “mayúscula”, dice Redondo, al solicitar la documentación mercantil se han detectado “conexiones directas con el propio Juan Vivas y miembros de su gobierno”. Redondo aclara cómo aparecen altas y ceses de sus administradores desde 2013 a 2020, curiosamente hasta el año en que esta empresa empieza a realizar contratos directos con la Administración local en prestación de servicios. En ella figuran nombres como el de Aurelio Puya Rivas, cuñado del presidente de la ciudad y antiguo alcalde de Ceuta y, del actual director general de Asuntos Generales, Francisco Pérez Hita.

Desde 2020, como administrador consta en el registro mercantil Francisco Martínez Segura, antiguo gerente de Marina Hércules (Mahersa), señala Redondo. Además, recuerda que esta empresa estaba vinculada a contrataciones con la Autoridad Portuaria de Ceuta, muchas de ellas judicializadas y formando parte principal del conocido caso Mahersa, que acabó con el mandato de José Torrado al frente del puerto, otro histórico miembro del Partido Popular, que:

“Acabó siendo acusado de un supuesto caso de prevaricación del que fue absuelto recientemente tras apelar al TS la primera sentencia condenatoria”.

Redondo manifiesta que, desde VOX seguirán investigando estas relaciones, al figurar algunas de estas personas vinculadas al Gobierno local como administradores de empresas privadas en posible incompatibilidad con el cargo público que ostentan.

Redondo anuncia que llevarán la cuestión al Pleno como paso previo a su judicialización