El GPS, ha mantenido este una reunión con los miembros de la Asociación de Maestros Salazoneros y tras sus reivindicaciones, los socialistas recuerdan que son necesarios unos secaderos que cumplan todos los requisitos sanitarios, imprescindible para el etiquetado y venta del producto, e insisten también en la necesidad de poner coto a esta actividad al margen de los controles sanitarios.

El diputado socialista, Sebastián Guerrero, se cree en la obligación garantizar la pervivencia de una tradición milenaria al borde la extinción que, “han mantenido los maestros salazoneros”. Aparte, Guerrero insta a que, “las instalaciones sean dignas y gratuitas para aliviar las cargas que suponen su labor”.

Instalaciones dignas

Primero, unas instalaciones a la espera de que el Gobierno cumpla su promesa de un mercado de salazones (previsto para 2023) en la explanada de Juan XXIII, con el dinero ya asignado del Gobierno central.

Competencia desleal

Además, es necesario evitar la competencia desleal de quienes tienen secaderos en sus domicilios al margen de los controles sanitarios, obligaciones económicas, documentación y autorizaciones, lo que puede rondar unos 2.000 euros. En 2022, las ventas en la explanada bajaron cerca del 40%.

Problemas de abastecimiento

Los salazoneros han trasladado la necesidad de algún tipo de apoyo para asegurar un abastecimiento mínimo, ya que, hasta 2020, la única fuente de abastecimiento de pescado era la frontera del Tarajal, lo que, hace la entrada de materia sea irregular, dándose casos de semanas y, la que, se subasta en lonja alcanza unos precios imposibles para los salazoneros.

Tradición a preservar

La jornada laboral es de 10 o 12 horas sin día de descanso, los ingresos mensuales aseguran que, “apenas alcanzan los 600 euros”. También pasa por la difusión y conocimiento de este arte milenario mediante trípticos informativos y actividades para la difusión y cuidado de esta tradición. 

Ninguneo de la Ciudad

Desde la Asociación han trasladado también los socialistas su malestar por el “ninguneo” trato recibido desde la Ciudad, que no les invita a participar en el Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) y ni tan siquiera les mantiene informados de los avances o problemas del futuro mercado de salazones.