Antecedentes: Hechos acaecidos el 17 y 18 de mayo de 2021, donde entraron 1.500 menores desde Marruecos.

Mabel Deu, exvicepresidenta del Ejecutivo local, hasta las últimas Elecciones Autonómicas 2023 y perteneciente al Partido Popular de Ceuta, ha solicitado la baja de la formación a raíz de que la Audiencia Provincial desestimase los recursos presentados por su defensa, ya que, la juez del número 2, le atribuye un delito continuado de prevaricación por su “absoluta dejación del deber de protección”.

La maestra ha retomado su carrera, al no contar con ella, el presidente de los populares ceutíes, en la candidatura electoral y, al estar encausada, por la devolución a su país de 55 menores migrantes marroquíes no acompañados en agosto de 2021, al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería y, eso que, la jefa del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, le advertía por escrito que se atuviese a lo establecido en dicha Ley.

Por su parte Mabel Deu, intentó enlodar el procedimiento apuntando directamente al Ministerio del Interior, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta, ha rechazado citar como testigos de todas las implicaciones y alegaciones a terceros, hechas por Deu, porque para la juez no se sostienen. Esta había solicitado que declarase el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

Para Deu, estas devoluciones se hicieron amparadas por el Gobierno de la nación, ante una respuesta de urgencia pactada con el Estado, en base al acuerdo con Marruecos de 2007. "Todo lo decidía Madrid", ha declarado la también ex consejera de Presidencia y ex responsable de menores.

El presidente de la Ciudad, quiso hacer constar de manera expresa que instó, conoció y autorizó todas las actuaciones llevadas a cabo por la exconsejera de Presidencia, María Isabel Deu. Por ello, Vivas puntualizaba en su día: 

“En el ámbito de las competencias de la Administración si hay algún responsable de las decisiones que se tomaron, ese responsable soy yo”.

Aparte la Fiscalía, quien había solicitado la apertura de juicio oral, le pedía doce años de inhabilitación, para ejercer "cargos electivos" o "funciones de gobierno" en el ámbito del Estado, autonomía, ayuntamiento, tanto interior como exterior, así como a "la pérdida de los honores" que le correspondiesen.