El mensaje de Navidad del rey Felipe VI ha vuelto a situarse como un ejercicio de reflexión necesario en el convulso panorama político que atraviesa España. Como Jefe de Estado, el monarca ha apelado a un principio que parece haberse desdibujado entre las constantes disputas partidistas: todo debate, toda decisión y todo acuerdo deben priorizar el bien común.

En un discurso marcado por su carácter conciliador, el Rey no rehuyó señalar la importancia de la confrontación de ideas como parte del proceso democrático, pero instó a que estas discusiones no degeneren en enfrentamientos que fracturen a la sociedad. "Discutir, sí; tirarse los trastos, no", podría resumir la esencia de su mensaje.

Este enfoque, aunque lógico y esencial en cualquier democracia madura, ha encontrado rechazo o desdén en algunos sectores políticos, particularmente en partidos no monárquicos, que suelen obviar la figura institucional del Rey como símbolo de unidad y estabilidad. Olvidan que, más allá de las diferencias ideológicas, el monarca cumple una función constitucional que trasciende los debates partidistas: garantizar la continuidad de las instituciones y velar por el interés general.

En un contexto donde el ruido político tiende a ahogar el diálogo constructivo, el Rey ha recordado que España necesita altura de miras y responsabilidad. Su alusión al bien común no es solo un recordatorio a los dirigentes, sino una llamada a todos los ciudadanos para fortalecer el tejido social y trabajar juntos por un país más cohesionado.

Es evidente que la figura del monarca, sujeta a las críticas inherentes a cualquier sistema, no será aceptada por todos. Sin embargo, es indudable que el mensaje de serenidad, consenso y progreso que encarna es más relevante que nunca. En un país diverso, con intereses e identidades complejas, la búsqueda del bien común no debería ser un ideal lejano, sino una obligación compartida.