Según ha podido saber el movimiento de Fatima Hamed, el Juzgado de lo Social ha condenado al Ayuntamiento a restituir en sus puestos de trabajo de forma inmediata a dos trabajadoras, con la obligación del abono de todos sus salarios desde el momento de su despido, al declarar que sus extinciones son constitutivas de un despido nulo. Impone asimismo una indemnización de 25.000 euros a cada una de ellas por los daños morales.

La nulidad de los despidos se fundamenta en que el Ayuntamiento atentaba contra el derecho constitucional de indemnidad de las trabajadoras y porque eran consecuencia de una represalia frente a las acciones judiciales que las trabajadores habían ejercitado con anterioridad en materia de cesión ilegal de trabajadores.

Tras la denuncia inicialmente presentada por las trabajadoras por cesión ilegal de trabajadores a quien era su verdadero empleador, el Ayuntamiento reaccionó dejando de renovar un convenio que llevaba vigente 15 años con Cruz Roja. El Juzgado de lo Social falló contra el Ayuntamiento reconociéndolo como el empresario real; sentencia que fue íntegramente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Lejos de cumplir la sentencia de forma voluntaria, el Ayuntamiento volvió a ser denunciado por no llevar a cabo la readmisión, una vez incorporadas, se inicia el expediente para amortizar sus plazas. Volviendo a despedir a las trabajadoras quienes han conseguido del Juzgado Social, su derecho a su puesto de trabajo y el reconocimiento a la persecución sufrida, que recoge la veracidad de las amenazas que recibieron las trabajadoras de "no volver a trabajar en la ciudad" por el hecho de haber denunciado, “vertidas por altos cargos de la administración” y la inexistencia de causas suficientes y creíbles que permitieran volver a despedirlas tras la obtención de las primeras sentencias, por lo que declaran la vulneración del derecho constitucional de la Tutela judicial efectiva, en su vertiente de Derecho de Indemnidad, que a la postre es por lo que se condena a la Ciudad Autónoma.

Para el MDyC, esta persecución difiere con la actuación del Gobierno que en otros casos han sido admitidos en sus puestos sin ninguna respuesta ante los tribunales, por ello, desde van a exigir el inmediato cumplimiento de la sentencia y que sean reintegradas en su puesto de trabajo, siguiendo el proceso para evitar nuevas represalias a estas trabajadoras.