Tras conocer el voto negativo emitido por el consejero de Sanidad de la Ciudad, en el acuerdo de actuaciones coordinadas en salud pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Manuel Hernández se pregunta qué es más importante que la salud de los ciudadanos.

El consejero Javier Guerrero, mostraba su total desacuerdo con los criterios fijados por el Ministerio de no tener en cuenta otras condiciones que pueden afectar a la situación epidemiológica o a la transmisión del virus, como la densidad de población, el incremento sostenido de casos o los casos positivos dentro del ámbito sanitario.

Pese a todos los argumentos esgrimidos por el consejero, Hernández incide en que:

“La realidad es que el voto negativo solo obedece a una estrategia claramente definida desde la cúpula nacional del Partido Popular, y los hechos acontecidos así lo demuestran, ya que todas las autonomías gobernadas por el PP votaron en el mismo sentido, salvo la de Murcia, que se desmarcó, y la de Castilla y León, que, aunque gobernada por los populares, la consejera de Sanidad es de Ciudadanos”.

El socialista agrega que:

“En el caso de Madrid, el asunto es más grave aún si cabe, ya que el día anterior se alcanzó un acuerdo aceptado por la Comunidad de Madrid y nadie entiende su marcha posterior”.

Pero a mayor abundamiento, medios de comunicación a nivel nacional han desvelado esta mañana la celebración de una videoconferencia de todos los consejeros de Sanidad con responsables de su partido antes del inicio del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Para el secretario general de los socialistas ceutíes es un acto más de “deslealtad” de los populares, que dista mucho de la actitud de los socialistas frente a la pandemia. Por lo que está claro, el interés que tiene el Partido Popular que, “siempre ha utilizado el número de fallecidos como arma arrojadiza”.

Hernández se satisface porque pesar de la oposición de los populares, y del Gobierno de Ceuta incluido, las nuevas actuaciones han sido publicadas en el BOE, por lo que, “deberán ser cumplidas por las comunidades autónomas por ser una decisión vinculante”.