El Gobierno días atrás, tras la presión del CSIF, ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas, marcando un paso inicial para desbloquear la negociación colectiva de las condiciones laborales de empleados públicos en diversas áreas como salarios, jornada laboral, teletrabajo y jubilación. Esta reunión, la primera desde la formación del Gobierno en noviembre de 2023, se produce tras las intensas presiones ejercidas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

CSIF ha subrayado la necesidad de abordar temas prioritarios como:

• Una subida salarial para 2025 y la negociación de un nuevo acuerdo retributivo que recupere el 6% de poder adquisitivo perdido desde 2022.
• La eliminación de la tasa de reposición y la presentación de una nueva oferta de empleo público.
• La jornada laboral de 35 horas y la implementación de la carrera profesional y el teletrabajo en todas las administraciones.
• Mejoras en las condiciones de jubilación, incluyendo la regulación de la jubilación parcial y beneficios para quienes opten por extender su vida laboral.
• La actualización del TREBEP para reforzar los derechos laborales.

Además, CSIF espera avances inmediatos en la negociación con las aseguradoras de MUFACE para garantizar la calidad de la atención sanitaria a los mutualistas.

En la reunión, Función Pública informó sobre un acuerdo preliminar que permite recuperar la opción de jubilación parcial para los empleados públicos, una medida que CSIF lleva años reclamando. No obstante, el sindicato demanda que se concreten las normas en un plazo máximo de tres meses.

Aunque se valora la convocatoria de la Mesa, CSIF lamenta que la negociación de puntos clave, como la subida salarial y la oferta de empleo público, se haya pospuesto hasta enero, lo que podría retrasar aún más las mejoras esperadas por los empleados.

Ante este escenario, CSIF no descarta retomar las movilizaciones tras las fiestas navideñas, presionando al Ejecutivo para cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar condiciones laborales justas y competitivas para el colectivo público.