El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado hoy que el Grupo Popular presentará una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para combatir la ocupación ilegal de viviendas que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. En el articulado se establece que la Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.

Pablo Casado quiso realizar este anuncio en Badalona (Barcelona), donde el pasado 5 de enero murieron tres vecinos de un inmueble como consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocado por el “pinchazo” ilegal de los okupas que vivían de forma ilegal en el edificio del barrio de San Roc. En el acto, el líder del PP estuvo acompañado del candidato a la alcaldía de Badalona, Xavi García Albiol; el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández y la portavoz del Congreso, Dolors Montserrat.

Casado aseguró que su formación presentará esta Proposición de Ley “Antiokupas” en el Congreso de los Diputados para combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así la propiedad privada, la convivencia y la seguridad.

Obligar a los malos alcaldes

Casado arremetió contra los mal llamados alcaldes del cambio a los que acusó de estar permitiendo con sus políticas la “okupación” de viviendas con “total impunidad”. Frente a esta permisividad, puso como ejemplo a García Albiol, que durante su mandato como alcalde en Badalona persiguió este tipo de actuaciones ilegales. Ahora con la proposición de ley que presenta el PP, Casado señaló que se obligará a los “malos alcaldes” a cumplir la normativa cuando se apruebe en el Congreso “si no quieren prevaricar”.

Aunque en la última década se ha acortado sustancialmente los plazos judiciales para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar.  Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas. Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid había 4.472 viviendas okupadas, 498 más que un año antes, a septiembre de 2018. La mayoría de estos inmuebles se  encuentran, además, en la capital. Estas cifras se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas.

La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los okupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio o por el concepto de morada. De esta manera, se evita que tengan la misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad del propietario que el que la habita de forma legal. La autoridad pública podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.

De multa a privación de libertad

Asimismo, la nueva ley refuerza las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasa de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias de okupación. Agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de enjuiciamiento criminal y la ley del Jurado.

De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas. Hasta ahora la propiedad jurídica del inmueble dificultaba más todavía el desalojo.

La nueva normativa faculta a las comunidades de propietarias cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, la nueva norma considerará nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal. Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como objetivo regular los conocidos “precarios”. De hecho, Casado quiso dejar claro que aquellas personas con problemas económicos o de desempleo no van a ser considerados como okupas.