Desde la web Gay CromosomaX.com y por encontrarnos en la semana del Orgullo, hemos realizado un estudio acerca del colectivo LGTB indicando cuál es su situación en nuestro país y en el resto del mundo.

Al comienzo de la década de los 80, los derechos del colectivo LGTB empiezan a reclamarse por la ciudadanía española. Las manifestaciones del Orgullo Gay, la libertad manifiesta de la movida madrileña, la música orientada en exclusiva a este colectivo y su presencia en los medios de información, no hicieron más que favorecer la celeridad de su aprobación en el país, 2005.

¿Cuál es la situación actual en España?

Desde que el 3 de julio del año 2005 se legalizan los enlaces matrimoniales entre individuos del mismo sexo, nuestro país se encuentra en un contexto social y político en el que todos los individuos de la sociedad, sean cuales sean sus inclinaciones sexuales, disponen de los mismos derechos.

A raíz de esta legalización, España se sitúa como el primer país en fijar la imparcialidad en materias de adopción entre parejas del mismo sexo.

Hoy en día, España se considera a nivel internacional un referente en lo relacionado a los derechos LGTBIQ+ y se sitúa como uno de los países con mayor aceptación hacia este colectivo por parte de la sociedad, más de un 70%.

Aparte de esto, nuestro país también destaca por perseguir los delitos relacionados con la homofobia, transfobia o bifobia. De hecho, existe una fiscalía destinada en exclusiva a este tipo de delitos, una Oficina Nacional y planes de actuación para luchar contra los mismos.

A pesar de las medidas de protección dispuestas, la mentalidad abierta y tolerante que se respira en nuestro país y que con el paso de los años los delitos físicos están disminuyendo de forma generalizada, en alguna ciudad están aumentando de forma considerable, es el caso de Cataluña. Según hemos observado, el cómputo global de agresiones del pasado año aumentó un 300% respecto al año anterior sumando un total de 70 delitos denunciados.

Madrid, por el contrario, es una de las ciudades en las que están disminuyendo este tipo de delitos de odio. Durante el último año disminuyeron un 7% los casos denunciados alcanzando un total de 320 incidentes denunciables. Aunque estén aminorando y según hemos averiguado, sólo el 64% de las personas agredidas formaliza finalmente una denuncia, por lo que la situación, aunque sólo haya empeorado de forma registrada en Cataluña, sigue siendo muy grave en el país.

A día de hoy y a pesar del confinamiento por el coronavirus, las agresiones físicas se siguen produciendo a la vez que crecen de forma exponencial en el medio digital. 

Nuestro estudio realizado a 600 personas pertenecientes a este colectivo con un rango de edad de 22 a 45 años, concluye que el 40% ha soportado ataques homófobos graves vía online. El 23% ha recibido insultos al menos una vez a través de chats o redes sociales. El 13% ha experimentado acoso, el 9% ha sido amenazado y el 8% ha sufrido burlas colectivas por parte de grupos de internet. El resto, el 7%, no ha sufrido ninguna situación ofensiva a través de este medio.

Sólo el 6% de los entrevistados afectados denunció su caso a las autoridades. El miedo y la deducción propia acerca de los recursos de las autoridades para resolver delitos digitales, ha hecho que obvien la intención de formalizar una denuncia.

Según conclusiones de los entrevistados, la facilidad de acceso a la red de forma anónima, la posibilidad de visitar cualquier perfil en las redes sociales y la oportunidad de mandar emails o mensajes directos a través de cualquier plataforma digital, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, no propicia en absoluto a que este tipo de agresores guarde respeto hacia persona que discrimina u odia.

Del mismo modo que sucede en España, en el resto de Europa se discrimina al 70% del colectivo. Durante los últimos 5 años, 7 de cada 10 integrantes, ha experimentado agresiones verbales a través de la red.

¿Cuál es la situación actual de los derechos LGTB en el mundo?

La protección contra la discriminación por orientación sexual en el mundo, actualmente la mantienen un total de 152 países. Once de estos protegen a este colectivo a nivel constitucional, como es el caso de México, Cuba y Ecuador entre otros.

La protección amplia, que implica fuertes medidas preventivas para evitar la discriminación se presenta en 56 países. Entre ellos se encuentra Canadá, Brasil, Perú, Angola, la mayor parte de Europa y países del continente asiático como Mongolia o Corea del Sur entre otros. También Australia tiene este tipo de protección para la comunidad LGTB.

En materia de protección en el empleo, son un total de 78 países del mundo los que luchan contra la discriminación laboral por motivos de orientación sexual o identidad de género, es el caso de Polonia, Ucrania, Italia, Thailandia y Groenlandia entre otros.

A pesar de que el mapa mundi va avanzando en términos de protección y aumentan progresivamente los derechos para este colectivo, existen países a los que les queda mucho por recorrer en esta materia y que criminalizan brutalmente los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.

Un total de 6 países tiene pena de muerte efectiva para este grupo de la sociedad. Estos países son Nigeria, Somalia, Arabia Saudita, Irán, Yemén y Sudán. En el caso de otros países como Mauritania, Afganistán y Pakistán la pena de muerte será posible, no efectiva.

Respecto al resto de países, en un total de 26 del mundo imponen penas de cárcel a este grupo de la sociedad. Nigeria del Sur, Kenia, Zambia, Tanzania, Malui o Sierra Leona entre otros, castigan a una pena mínima de 10 años de prisión o incluso perpetua a los homosexuales.

Los países que castigan con hasta 8 años de prisión son un total de 30. Países del continente africano como Marruecos, Libia, Argelia, Guinea o islas como las Maldivas o Comoras entre otros.

Por su parte, Egipto e Irak son los dos países que señalan los actos sexuales entre las personas del mismo sexo como criminalización de facto, que significa que no tiene reconocimiento jurídico y que se adherirá a la normativa vigente.

En más del 50% de los países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo existen restricciones en el ejercicio de derechos. Se prohíbe terminantemente la libertad de expresión en lo referente a los temas de orientación sexual o se limitan los registros de organizaciones que trabajan en asuntos relacionados con la orientación sexual. En la mayor parte de ellos se limitan ambas.