Plena inclusión ha hecho llegar al Ministerio de Educación y Formación Profesional una batería de medidas con las que paliar el efecto negativo generado por la pandemia en el desarrollo educativo de 722.000 estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) que cursan educación obligatoria en nuestro país. La confederación que agrupa a 935 asociaciones en toda España ha elaborado una propuesta dirigida al Ejecutivo vinculada a un Plan de Garantía Educativa que atienda las necesidades especiales del alumnado con NEE. Entre ellos 220.208 son estudiantes con discapacidad intelectual o con algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo.

La propuesta de Plena inclusión se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno recientemente, y en el que se dice que la educación constituye la 7ª política palanca, de las diez que vertebran el Plan. De hecho, en el texto de este proyecto de país se alude al “fortalecimiento de la educación pública y de sus recursos y becas (…) para luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión”, y se compromete a “impulsar planes de digitalización para la educación”.

El objetivo del documento de Plena inclusión, que se ha remitido directamente al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, es aportar medidas que garanticen el acceso a los recursos necesarios para el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo dada la situación de especial vulnerabilidad a la que se enfrenta. “La situación generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes dificultades que tiene el sistema educativo para asegurar que los 8 millones de estudiantes que cursos educación obligatoria en España disfruten de las mismas oportunidades, independientemente de sus necesidades y situación”, denuncia Santiago López, presidente de Plena inclusión España.

UNA BRECHA QUE HAY QUE SALVAR

En el documento elaborado desde Plena inclusión se pone de manifiesto que el alumnado con necesidades educativas especiales debe enfrentarse, en mayor grado que la mayoría de sus compañeros y compañeras a la brecha económica, social, tecnológica y que carece de los suficientes apoyos de accesibilidad cognitiva y apoyos personales para ser compensada. Se trata de un grupo extremadamente vulnerable cuando las clases no son presenciales. “Tenemos constancia que la inmensa mayoría del alumnado con NEE ha sufrido una falta de seguimiento y continuidad en tratamientos específicos de logopedia, fisioterapia, psicología, psiquiatría que son esenciales para mantener la evolución y el equilibrio en su proceso educativo”, relata el documento de Plena inclusión.

El 83% de este alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo, más de 183.200, está escolarizado en escuelas ordinarias, y el 17% está matriculado en alguno de los 473 centros educativos específicos donde estudian más de 37.000 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Plena inclusión gestiona directamente 232 de estas aulas, lo que supone el 53% del total de las existentes en todo el país.