Esta mañana, Plena inclusión presenta en un seminario online una batería de medidas para la desescalada con las que garantizar un retorno seguro a la nueva normalidad en los 4.000 centros y servicios de atención a la discapacidad intelectual o del desarrollo que gestiona en toda España. El documento que contiene estas propuestas ha sido compartido previamente con la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Sanidad, el de Educación, el de Inclusión y el de Trabajo; así con el movimiento CERMI. Esta serie de recomendaciones pensadas para afrontar la nueva normalidad han sido diseñadas por un grupo de veinte personas expertas en servicios sociales, salud pública y seguridad laboral.

Plena inclusión ha tomado esta iniciativa con el fin de garantizar que la vuelta a la labor de atención a más de 140.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias se haga en las mejores condiciones posibles. Para conseguirlo, su presidente, Santiago López, exige a las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en servicios sociales, “un compromiso inequívoco con el sostenimiento económico de una labor imprescindible que realizan 40.000 profesionales y que afecta a la vida de 273.000 familias”. Plena inclusión estima que financiar estas medidas necesarias en sus centros rondaría un coste de 300 millones de euros. Asimismo, la organización de referencia en el mundo de la discapacidad intelectual propone que en todas las comunidades autónomas se creen comisiones de seguimiento del proceso de desescalada en las participen las organizaciones sociales.

Desde las 935 asociaciones de Plena inclusión, la red más extensa del país que se dedica a la atención de la discapacidad, se proponen soluciones para paliar el grave efecto que la crisis social, laboral y sanitaria del COVID19 y el confinamiento has generado en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down). Solo en el terreno de vidas humanas, en los 1.016 centros residenciales de la organización han fallecido a causa de la pandemia más de 170 personas y otras 8.000 están contagiadas de coronavirus.

El documento elaborado por Plena inclusión señala tres momentos en el proceso de retorno:

• Desescalada segura.
• Planes de contingencia ante posibles nuevos brotes de la pandemia.
• Tránsito a una nueva normalidad que implica un rediseño de los servicios sociales.

Entre las numerosas propuestas que Plena inclusión recoge en el documento ‘Propuestas para la desescalada del COVID19’ destacan:

• Acondicionamiento de locales y edificios a las nuevas circunstancias.
• Aumento de personal de apoyo y atención a las personas con discapacidad.
• Dotación de equipos de protección y tests rápidos.
• Ayudas a la reactivación de Centros Especiales de Empleo, centros educativos, servicios de apoyo diurno y dispositivos residenciales (pisos tutelados y residencias).
• Inversión en tecnología e incremento de los servicios de apoyo en comunidad.
• Readaptación de grandes centros residenciales a servicios más reducidos e inclusivos.