Un estudio de Plena inclusión España, realizado por el INICO (Instituto de integración en la comunidad) de la Universidad de Salamanca durante la etapa más dura de la crisis social y sanitaria generada por la COVID-19, demuestra que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias han experimentado durante la pandemia un empeoramiento de su situación, con el consiguiente aumento de su vulnerabilidad.

El estudio se basa en encuestas online hechas a cerca de 1.500 personas: 582 con discapacidad intelectual y del desarrollo, 323 familiares y/o tutores legales, 495 profesionales y 75 responsables o gerentes de centros y servicios. Realizado en todo el Estado durante el periodo del confinamiento, el informe recoge sus opiniones y explora el impacto del confinamiento en el contexto familiar, las condiciones de trabajo de los profesionales de atención directa y la gestión realizada por las entidades del tercer sector.

Según las opiniones recogidas, la crisis sanitaria y social ha generado un retroceso en los avances logrados durante estos años por las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en terrenos tan fundamentales como el laboral, educativo o de servicios sociales. A esto hay que añadir que desde una visión asistencialista y medicalizada, centrada en el modelo de grandes residencias, se siguen vulnerando los derechos de autonomía personal de miles de personas con discapacidad. “Desde Plena inclusión, defendemos un modelo inclusivo centrado en la persona que potencie la vida en comunidad y el respeto a sus propias decisiones tomadas con los apoyos necesarios”, argumenta Berta González, coordinadora técnica de Plena inclusión España, la mayor organización estatal que trabaja por los derechos y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral).

ABANDONO PÚBLICO

Otro dato reseñado es la falta de apoyo de las administraciones públicas. Tres de cada cuatro familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo preguntadas aseguran que durante la crisis sanitaria sintieron el respaldo de organizaciones sociales como Plena inclusión, una confederación que agrupa a 935 asociaciones de todo el país. Esta valoración positiva de las entidades del tercer sector contrasta con la constancia de falta de los apoyos necesarios, a estas ONG, de las administraciones responsables para hacer frente a esta crisis sanitaria. La situación de precariedad que desde hace años vive el tercer sector ha empeorado durante la pandemia por los sobrecostes que han debido asumir las organizaciones de Plena inclusión al hacerse cargo de nuevos gastos (en personal, EPIS y acondicionamiento de espacios obligado por los protocolos sanitarios).

Para Miguel Ángel Verdugo, director del INICO y coordinador del informe de Plena inclusión: “La pandemia ha mostrado la falta de prioridad social en la atención y apoyos a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, ya que no se han considerado servicios esenciales, y las personas y organizaciones se han visto relegadas en las medidas y estrategias de las administraciones”.

A la gravedad de los efectos del aumento de la vulnerabilidad y la pérdida de derechos, el movimiento asociativo de apoyo a las personas con discapacidad intelectual debe unir la pérdida de vidas humanas. En el millar de residencias que gestiona Plena inclusión se han registrado más de 300 fallecimientos a causa de la COVID-19 y en casi la mitad (47,9%) de las entidades de Plena inclusión preguntadas se produjo algún contagio.