Mañana jueves, 25 de junio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, participará en un encuentro online para hablar sobre la Ley de Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la discapacidad. La conversación, que se inicia a las 17.00 y que estará moderada por José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, servirá para que Escrivá profundice en los detalles de uno de los proyectos estrellas del Gobierno de Pedro Sánchez para esta legislatura.

El evento, que está organizado por Plena inclusión y Servimedia, contará con la presencia de expertos con un gran conocimiento sobre este campo como Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI; Carles Campuzano, director de Dincat-Plena inclusió Catalunya; Enrique Galván, director de Plena inclusión España e Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de esta misma confederación.

“Valoramos enormemente la respuesta positiva del ministro de Integración a dialogar con Plena inclusión y responder a las dudas que nos genera una ley que, por otro lado, era muy necesaria y que viene a atender a miles de personas en situación de exclusión”, ha apuntado Santiago López, presidente de Plena inclusión España.

UNA LEY MEJORABLE

Desde el instante en que se aprobó la Ley del IMV, Plena inclusión, el movimiento asociativo que reúne a 935 entidades que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, TEA y parálisis cerebral) y sus familias, ha reclamado al Gobierno que este mecanismo de protección social reconozca en su auténtica dimensión la necesidad de cientos de miles de personas con discapacidad de ser consideradas como población vulnerable.

La confederación que gestiona 4.000 centros y servicios entiende que la norma no recoge las propuestas de las personas y las familias manifestadas por Plena inclusion al Gobierno de Pedro Sánchez respecto a que se les considere como ‘unidad de convivencia’ para promover el acceso a una vida independiente. También preocupa que no se tenga en cuenta el sobrecoste que genera la cobertura de necesidades relacionadas con la discapacidad, la inseguridad jurídica que genera la reforma que sufre de la prestación de hijo a cargo. O que se relegue a un desarrollo reglamentario la cuestión de la compatibilidad del IMV Ingreso Mínimo Vital con el empleo de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral.