Está previsto que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados inicie los trabajos para modificar el Código Penal que ha legalizado la esterilización de miles de mujeres con discapacidad en nuestro país. La ley española autoriza hasta la fecha que esta decisión la pueda tomar el tutor o tutora en el supuesto de personas con la capacidad modificada, con el refrendo de un juez, y que se haga sin el consentimiento de la persona a la que se le priva de su capacidad para tener hijos.

Para Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena inclusión y activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la abolición de la esterilización forzada supone “restaurar un derecho fundamental que se ha violado durante demasiado tiempo”. En opinión de Paredero, quien fue víctima de joven de una esterilización no elegida, “este es un gran momento para muchas de nosotras porque se hace justicia. Miles de mujeres hemos sido privadas de nuestros derechos reproductivos con el consentimiento de los poderes del Estado”. Y añade: “la justicia debe ser igual para todas sin importar la discapacidad o capacidades que tengas”.

Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, añade otra propuesta: “estamos seguros de que esta reforma tendrá éxito, pero no podemos olvidar que el pleno respeto a la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’ de la ONU implica que esta eliminación debe venir acompañada de medidas que garanticen que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de los apoyos necesarios para poder ejercer su maternidad o paternidad”.

DERECHO A UNA SEXUALIDAD PLENA

Además, hay otras cuestiones fundamentales de las que se habla poco y que están relacionadas con la sexualidad de las personas con discapacidad. Carlos de la Cruz, sexólogo y director del Máster de Sexología en la Universidad Camilo José Cela, entiende que debe promoverse un desarrollo completo de la sexualidad de las personas con discapacidad que favorezca su intimidad y la posibilidad de tener pareja. “Pero para lograrlo”, aclara, “hay que garantizar los apoyos necesarios para que las personas puedan tomar su propia decisión en libertad y con plena responsabilidad”. Precisamente De la Cruz coordinó el ‘Posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo’ del movimiento Plena inclusión en el que la organización aporta elementos que desvelan la importancia de un derecho fundamental (a una sexualidad plena), del que miles de personas con discapacidad no pueden disfrutar.

Desde Plena inclusión también se defiende que se promuevan medidas contra el abuso sexual, del que las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo son objeto; y de fomento de la salud reproductiva, animando a que se hagan habituales las revisiones ginecológicas y, en general, todas las que refuercen el respeto de todos sus derechos sexuales y reproductivos.