Todo el mundo que tiene formación en igualdad de género sabe que la educación es la única herramienta real para acabar con la raíz de la violencia machista y, por eso, somos muchas las personas las que insistimos en la urgente necesidad de implantar de manera obligada, y desde la etapa de infantil, esa asignatura en los colegios.
Por eso, yo que tengo esa formación y que además me dedico a la docencia y ahora ocupo el cargo de directora, no puedo dejar de sentirme indignada por la noticia acerca de la denuncia interpuesta por una familia hacia el profesor que puso el vídeo de Ana Orantes, la mujer que fue quemada por su marido quince días después de que dijera en la televisión que estaba siendo maltratada. Una mujer que marcó un antes y un después en esta lucha y que desencadenó en la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Y no, no es ninguna tontería. Que se haya permitido que un profesor, por hacer su deber, se sienta ante la justicia responde únicamente a una violencia institucional que sienta un precedente en la historia de la democracia, desde que se consiguió el consenso de Estado ante un pacto que puede debilitarse por la entrada de la ultraderecha.
Las instituciones están para salvaguardar la lucha contra el patriarcado, no para generar la mínima duda ante una lacra que nos asesina, nos anula, nos somete, nos viola y nos explota, únicamente por ser mujer.
Las instituciones no pueden ser cómplices de una estrategia que lo único que busca es silenciar y generar miedo. Una estrategia estudiada propia de unos tiempos donde se usaba la coacción y la intimidación. Una etapa de España donde se perseguía, encarcelaba, torturaba y mataba a quien luchaba por la igualdad, la libertad y la fraternidad.
La denuncia hacia ese profesor no va a quedar en nada, entre otras cosas porque lo ampara el capítulo dos de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la propia LOMCE. Pero sí va a generar debate, conflicto, inquietud y retroceso en la comunidad educativa.
Yo lo tengo claro, mientras siga siendo directora continuaré fomentando la lucha contra el patriarcado y ejecutando actividades coeducativas propias del centro con el alumnado. Cuando vuelva al aula lo haré de manera individual. Pero este convencimiento mío es particular y entiendo que mis compañeras y compañeros al menos se cuestionen hacerlo, por si se pueden encontrar con alguna demanda.
Esa es la clave y ese es el objetivo del PIN parental de Vox, algo que debería hacer reflexionar a la fiscalía para que nunca más admitan a trámite este tipo de denuncias.
Pese a quien le pese la violencia de género es hacia la mujer. Pese a quien le pese el género sí es determinante para el tratamiento de la violencia causada por la desigualdad de género. Y este discurso no va contra el hombre, va contra el machista. Según el CIS en España cada año 600.000 mujeres son víctimas de la violencia de género.
La Ley Integral contra la Violencia de Género es la  que más cuestiones de inconstitucionalidad ha tenido y la Justicia se ha pronunciado con una claridad absoluta. Es Constitucional y no es discriminatoria. ¿Un hombre puede sufrir violencia? Por supuesto. Y el código penal lo protege, pero el número de hombres que lo sufren no es tan numeroso, ni responde a una causa estructural, para que se tenga que desarrollar una Ley específica. Quien no lo quiera entender tiene un serio problema con la percepción de la realidad. 
Así que ya está bien de dar alas a quienes pretenden negar esta lacra, pues como ya han planteado varías personas expertas y algunos partidos políticos, negar la violencia de género debería ser delito de odio del mismo modo en que lo es el negacionismo al holocausto, pues si éste niega el genocidio, lo otro pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.
Ahí lo dejo.