Paradojas de la vida. El partido al que más han llevado a la Fiscalía por presuntos delitos de incitación al odio es el que defiende el PIN Parental, es decir, la libertad de las familias para negarse a que sus hijos e hijas reciban los valores democráticos consagrados en la Constitución, la misma Constitución que habla de la libertad de Cátedra del docente. Sí, hemos caído en su juego, hemos bajado al barro de la confusión y el atrevimiento de dudar del único sitio donde el niño o la niña tiene garantizada la seguridad, la escuela. La censura parental no es únicamente contraria a la obligatoriedad de los contenidos curriculares que constituyen las leyes educativas, sino que va en contra del interés superior del menor por anteponer la ideología de las familias por encima de los derechos de sus hijos e hijas a recibir una educación integral.

No es libertad, es impedir que los niños y las niñas sean sujetos críticos y libres. Es imponer un pensamiento único propio de una época franquista donde únicamente podían dar clases quienes tenían una determinada ideología totalitaria. Lo intentaron con la asignatura de Educación para la Ciudadanía y se toparon con la Justicia, ya que el Tribunal Supremo rechazó la objeción de conciencia y entendió que esta materia no únicamente estaba ajustada al derecho, sino que era un deber jurídico cursarla.    

Las familias no tienen el derecho de elegir los contenidos obligatorios que se dan en los centros educativos, la libertad de enseñanza no se ajusta a la individualidad moral de cada padre o madre, sino al bien colectivo que ampara la igualdad y los derechos sociales, cívicos, humanos y ecológicos. Unos derechos que no corresponden a ningún partido, sino que vienen amparados por los Tratados Nacionales e Internaciones, la Carta Magna, la ONU, las Leyes y los Pactos de Estado. 

Las actividades extraescolares que se enseñan en los centros educativos están, como he dicho anteriormente, sujetas a la Ley, se aprueban en los Claustros y en el Consejo Escolar y se elevan, a su vez, a la inspección educativa. A principio de curso cada centro escolar elabora su Plan General Anual y su Documento Orgánico. No hay nada que se enseñe en las aulas que antes no haya pasado por los órganos colegiados y por la Administración, gobierne quien gobierne. Así que, dejemos de juzgar la docencia y velemos por una educación pública libre de prejuicios, de machismo, de homofobia y de racismo. 

Los hijos y las hijas son una responsabilidad, no una propiedad, y es el Estado el que está obligado a velar por su protección, para que sus derechos se respeten. Y esto no lo dice el PSOE, sino el ordenamiento jurídico.  Yo como madre soy responsable de asegurar a mi hija su desarrollo y bienestar, que disfrute de sus derechos. Si establezco un Pin estoy coaccionando su integridad y vulnerando su libertad. Estoy forzándole a que tenga un pensamiento único ajustado a mis creencias, saltándome la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y de la adolescencia. 

No nos engañemos, a Vox no le preocupa la educación pública, sino la imposición de un adoctrinamiento. 

Y yo me pregunto, ¿si unos padres deciden, en el ejercicio de su libertad, no llevar a sus hijos e hijas al colegio porque creen que se educan mejor en las casas, el Estado debe de permitirlo? Lo digo porque el absentismo escolar está regulado. 

¿Si una familia decide no vacunar a su hija de la meningitis, después de detectarse un foco, puede hacerlo y con ello peligrar la vida de ella y del resto de compañeros y compañeras? 

¿Si una madre es vegetariana puede obligar a su hija a no comer carne o a no llevar a cabo una transfusión de sangre, por sus creencias religiosas? 

¿Si una familia valora la segregación por encima de la inclusión, porque entiende que su hija no puede permitirse el lujo de compartir vivencias con otros niños que necesitan una adaptación curricular porque eso entorpecería su aprendizaje, dejamos de escolarizar al alumnado con diversidad funcional? Es más, ¿agrupamos por apellidos porque una familia se crea superior?  

Y puestos a elegir, prohibido hablar de la Guerra Civil, de Lorca, de Tomas de Aquino, del mal uso de las redes, de las drogad, o de la prevención de embarazos no deseados. 

Y es que, siguiendo con el currículo escolar. ¿Creéis que es justo que ocho menores en Murcia se perdieran una charla sobre el reciclaje porque sus familiares no firmaron la autorización? 

Vox sabe que esta batalla la tiene perdida, pero ha dado alas a un tema que estaba más que superado en democracia. Con la educación están haciendo lo mismo que con la violencia de género. 

No son las muertes de los hombres lo que le preocupa a la ultraderecha, es la negación del patriarcado. 

Y no es el PIN parental, es la anulación del pensamiento y los dogmas de fe, que harán personas inseguras, infelices y dependientes. 

Menos mal que existe un arma poderosa, la educación democrática que se opone a todo tipo de adoctrinamiento y manipulación mediante el pensamiento crítico y la convivencia, la transformación de la realidad y la aceptación de la pluralidad y la diversidad. Una educación alejada del androcentrismo y basada en el respeto y la empatía. 

PD: cuidado con creer que los hijos y las hijas son de nuestra propiedad, como si fueran algo material, que luego a veces se acaba asesinando a la pareja “porque era mía”, o negando un régimen de visita.