Nuestro sistema educativo no es malo, ahora bien, es mejorable y no debe quedarse anclado. Todo evoluciona y no se trata de un cambio por costumbre, se trata de avanzar y seguir adelante en mejores condiciones, de un modo inclusivo para el alumnado y el conjunto de la sociedad. Los retos personales, profesionales y sociales que afectan a las niñas, niños y los jóvenes podrán abordarse con mejores posibilidades, que permitan en definitiva una sociedad que crezca en capacitación, libertad, justicia y democracia.

La modernización que pretende la ley favorecerá la adaptación del sistema educativo al entorno europeo. Incorpora los objetivos de la agenda 20-30 entre los que están el reto digital, el desarrollo sostenible, el reto climático, la igualdad… Se considera a la educación como pilar del conocimiento, la ciencia, la investigación y la innovación acompañada de un currículum más competencial, menos enciclopédico y menos memorístico. Donde se favorezca la formación de ciudadanos libres con pensamiento creativo, crítico y científico, pues todo ello potencia la esencia de la democracia y la mejor evolución gracias a ella.

Como diría el profesor de filosofía y que fuera ministro de Educación, Ángel Gabilondo, el compromiso social se tiene que demostrar en el Boletín Oficial del Estado, en los presupuestos. En esta ley hay una apuesta clara por más inversión, ya que se pretende alcanzar el 5 % del PIB, que permita más recursos de profesorado, mejores espacios, más medios, el incremento de la mejora de la conectividad digital… Todo ello dirigido a la mejora de la educación personalizada en la que influirá la disminución de la ratio en el aula.

Esta ley no va olvidar también un importante problema que afecta a la España interior, la escuela rural, que necesita prioridad de recursos, y un mayor desarrollo integral basado en el tratamiento transversal de todos los ámbitos, instituciones y agentes que intervienen. En estas ciudades, zonas y en el resto de España todo lo que se desarrolle con este tema influirá, sin duda, en una mayor calidad de justicia democrática.

Favorecer la igualdad y la democratización del sistema educativo es lo que persigue la introducción de la escolarización de 0 – 3 años, la eliminación de barreras en la Educación Secundaria Obligatoria y la potenciación de la Formación Profesional. Ningún país de nuestro entorno pone barreras, y con la ley que va a ser derogada se ponían filtros irreversibles segregadores que condicionaban la vida futura del alumnado, cuando se le obligaba a elegir a los 13 años. Habrá distintos caminos que lleven a una titulación única que es la Educación Secundaria Obligatoria.

Se va a fomentar la Formación Profesional de grado medio, con pasarelas para cambiar de un lado a otro y se regulará el paso de la FP de grado medio a superior. Es fundamental para los estudiantes y la economía del país integrar la FP en el empleo. Solo menos del 15 % de jóvenes sin cualificar van a tener posibilidad de trabajar, es decir, sin cualificación van a tener más difícil el acceso al empleo. Por ello es oportuno que la Formación Profesional amplíe 200.000 plazas conectadas a los entornos productivos, siendo importante la coordinación del Estado y las comunidades autónomas.

Profundizar también en la esencia de la democracia es seguir avanzando en la inclusión educativa. Tal como ha manifestado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, el corazón de la ley es la enseñanza personalizada, que va a partir del talento del alumno hasta hacerlo progresar plenamente, con las distintas metodologías y un nuevo curriculum. Será fundamental favorecer la coeducación, una escuela inclusiva y que compense las disigualdades económicas y sociales de origen. El derecho del niño es igual nazca con una condición u otra, desarrollándose su personalidad al máximo y aprovechando la oportunidad de la hetereogenidad.

Que se fomente una escuela democrática y participativa tiene que ver también con otras medidas de esta ley, la introducción de la educación en valores cívicos, derechos humanos y la Constitución, pues la democracia se defiende con formación democrática que genere ciudadanos con criterio y que no sean manipulables.

Una escuela más democrática y participativa respecto a la Comunidad Educativa. Se favorecerá la autonomía de los centros y a los Consejos Escolares como órganos de gobierno donde están las madres, padres, profesorado y dirección de los centros. El pilar fundamental e insustituible de la educación en los centros es el profesorado. Históricamente y en la actualidad siempre ha demostrado que a pesar de todas las dificultades nunca dejará de cumplir con sus obligaciones; pero no siempre ha sido correspondido por las instituciones y la sociedad. En el periodo de un año está prevista la presentación de un modelo completo de carrera docente, donde la formación inicial, la práctica y la incorporación a los centros serán especialmente cuidados.

Los aspectos mencionados en este artículo han sido puestos de relieve por Mari Luz Martínez Seijo, portavoz socialista de Educación en el Congreso de los Diputados, donde los defenderá favoreciendo el pacto. Faltarían otros temas importantes por desarrollar, pero no hay espacio, solo comentar que la profundización en la esencia de la democracia fortalecerá a todos.

Ceuta y Melilla son ciudades españolas que no pueden ser relegadas en sus necesidades educativas. Por sus especiales dificultades económicas necesitan el apoyo en la escolarización de 0-3 años, la potenciación de la FP, la inclusión educativa, la educación cívica, el incremento de espacios y medios, así como el refuerzo del apoyo al profesorado. La nueva Ley de Educación es un medio de respuesta a estas necesidades y para profundizar en la democracia.