La Constitución, en su primer artículo, consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está poniendo en peligro los valores principales de igualdad entre los españoles y la unidad del territorio desde el momento en que se ha sentado en una mesa de ¿negociación? donde se pretende alcanzar la autodeterminación de una parte del país a cambio de apoyar los presupuestos generales.

Sánchez ha sacado filo al serrucho para cortar España en trozos. De manera irresponsable, no conocida en ningún presidente anterior, rompe el consenso que existía en todos los anteriores gobiernos para defender la Constitución como marco jurídico y legal que ampara y defiende a todos los españoles.

Esta semana hemos asistido al lamentable espectáculo de una reunión ¡a dos bandas! entre el Gobierno de España y una representación de una parte del pueblo catalán que se arroga un derecho inexistente a la autodeterminación y la separación del resto del país.

El Gobierno de España se debe a los españoles y solo el conjunto de todos puede decidir sobre las cuestiones consustanciales a la soberanía nacional. Solo el conjunto del pueblo español puede decidir sobre asuntos que afectan de manera directa al principio de igualdad. Cualquier otro planteamiento, lo justifiquen como lo justifiquen, es ponerse fuera de la ley.

Sánchez y sus socios se sientan felices en una mesa donde unos dirigentes secesionistas pretenden imponer su criterio sobre lo que es de todos, pretenden decidir en exclusiva qué es Cataluña, obligando a aceptar su visión intolerante del separatismo supremacista a más de la mitad del pueblo catalán que no está de acuerdo con ellos.

¿Qué piden los separatistas? Lo podemos sospechar, dadas las numerosas pistas que han ido dando. Pero, ¿hasta dónde va a llegar Pedro Sánchez? Para lograr mantenerse en el poder aprobando los presupuestos con los votos de quienes quieren romper España está ofreciendo gestos que serán de consecuencias insospechadas.

De momento, aparte de cambios en la Fiscalía General del Estado, está preparando una reforma del Código Penal que dará impunidad a los presos golpistas. Si esto se consuma, cada vez que algún descerebrado organice y declare la independencia, se irá a casa con una palmadita en la espalda, ya puestos...

El Partido Popular nunca aceptará hechos consumados que extralimiten las leyes democráticas. Utilizaremos todos los recursos legales al alcance para que prevalezca el interés general, para que ningún catalán se pueda sentir discriminado en su propia tierra y para que cualquier prebenda que se conceda ahora al independentismo sea revocada.

Nunca unos presupuestos costaron tanto a una democracia. La debilidad del Gobierno le ha llevado a arrodillarse ante el chantaje de los independentistas. Estamos ante un fraude político, un embuste legal y un desfalco a la soberanía que no vamos a tolerar.