En el año 2006, recién fundada la asociación Digmun, llegó a nuestra sede un hombre español que vivía con una mujer de origen marroquí y un menor de seis años. Nos informó de las innumerables gestiones que había hecho para escolarizar, sin éxito, al niño. Pedimos información al Ministerio de Educación para conocer el motivo para no escolarizar a un menor que vivía en nuestra ciudad desde hacía varios años, ya que no teníamos conocimiento de que esta situación se diera en nuestra ciudad. La respuesta fue tan incomprensible como ilegal: “El menor no estaba empadronado, y el padrón era condición obligatoria para entrar en un centro educativo”. Este requisito solamente se exige en Ceuta, puesto que en el resto del territorio nacional se escolarizan a todos los menores solo por el hecho de estar en edad escolar obligatoria, sin necesidad de estar empadronados.

Una voluntaria de nuestra asociación se ofreció a darle clases al menor mientras hacíamos las gestiones necesarias para su escolarización. Esto fue el inicio de una larga lucha, que aún perdura y que dio origen a la creación de los primeros talleres educativos, para poder darles una cobertura a estos niños y niñas mientras resolvíamos su situación. 

A partir de ese año, fueron acercándose a nuestra sede otros menores en las mismas circunstancias y aparecieron también otros de Kafala (acogimiento de menores por familias españolas que se hacen cargo del menor para su cuidado, educación y protección, ya que la adopción está prohibida en el mundo islámico). Solicitamos a la Ciudad Autónoma y al Ministerio de Educación los recursos necesarios para poder atenderlos, ya que ninguna de las dos instituciones se hacían cargo de su educación. La colaboración fue rechazada desde el inicio. Nunca nos proporcionaron, ni aulas ni recursos humanos para darle a este colectivo la cobertura educativa que se les negaba.

En el año 2007 comenzaron los primeros talleres educativos gracias a la colaboración de voluntariado, o prácticos. La que fue directora de la Escuela de Idiomas, Mª Carmen Carrera, fallecida recientemente, nos ofreció un aula, y allí comenzaron las primeras clases. Se elaboraron informes con datos y documentos que demostraban la permanencia de varios años y el arraigo de estos niños y niñas en nuestra ciudad, posteriormente se enviaban a la Dirección Provincial del MEFP y después de un largo y penoso proceso que llevaba meses de gestiones, se escolarizaban los menores, autorizados por el servicio de inspección si teníamos la suerte de que fuera cercano y sensible al tema. Eso fue lo que ocurrió con el que era inspector del momento, después Jefe de inspección y posteriormente director provincial de Educación, Javier Martínez que escolarizó a más de treinta menores en varios años.

Fueron algunos años después, tras comprobar la dejadez, la falta de interés e implicación por parte de las instituciones y nuestra falta de recursos para atender a este colectivo, cuando decidimos denunciar la ilegalidad que se estaba cometiendo con estos menores. En un principio nos entrevistamos con el delegado del Gobierno del momento, el socialista José Jenaro García-Arreciado que, a pesar de liderar un partido progresista y defensor de los Derechos Humanos, nos aconsejó olvidar el tema porque esos menores podrían ser expulsados de la ciudad.

Posteriormente informamos de esta ilegalidad a todos los medios de comunicación a nivel local y nacional, ONGs, personas y organismos defensores de los derechos de la Infancia, como la Fundación MALALA, y el Defensor del Menor. Fueron muchos los escritos que enviamos a distintos colectivos exponiendo la injusticia que se cometía en nuestra ciudad prohibiendo a un menor el derecho a la educación, derecho fundamental recogido en los Derechos de la Infancia y en la Constitución española. Enviamos también un escrito a la ONG SAVE THE CHILDREN que actualmente reside en Ceuta abanderando a los menores que cruzaron el pasado 18 de mayo, y que ha sido subvencionada recientemente por la ciudad con 250 mil euros, pero en nuestro caso, no se dignaron responder a nuestra demanda. Todas las contestaciones a nuestros escritos consistían en evadir responsabilidades y dar respuestas ambiguas, sin ofrecer soluciones a la problemática existente.

Fue en el año 2011 cuando pedimos apoyo educativo y asesoramiento jurídico a INTERVIDA, actualmente EDUCO, ONG de Cooperación Internacional por la Infancia, que nos subvencionó, apoyó y proporcionó los recursos necesarios no solo para atender a estos menores sino también para visibilizar y denunciar su situación a nivel nacional. Tuvo que ser una entidad internacional la que se preocupara de los menores que habían sido repudiados por las instituciones locales, proporcionándonos durante muchos años los medios necesarios para impartir unos talleres educativos que sustituían al verdadero centro escolar. Algunos partidos políticos locales y nacionales se interesaron también por el tema y se acercaron al lugar para comprobar cómo se impartían las clases de forma precaria por la falta de espacio y de apoyos educativos con alumnado de todas las edades y de muy distintos niveles. Nos visitó la actual ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, junto con otros miembros de Podemos y representantes del Partido socialista ceutí. Cuando partían, prometían mejorar la situación de estos niños y niñas, pero con el paso del tiempo esas promesas caían siempre en el olvido. Se interesó también por el tema el eurodiputado Miguel Urbán exponiendo todos los argumentos sobre el derecho a la educación de estos menores en el Parlamento Europeo. Por lo que por primera vez se visibilizó, fuera de nuestras fronteras, la injusticia que se cometía con estos menores.

La denuncia más efectiva y que más impacto causó se llevó a cabo a finales del 2015 y fue Juan Luis Aróstegui, secretario general de CCOO, el que la interpuso en la Fiscalía de Menores. La sentencia fue favorable y se posicionó en defensa de los menores imponiendo al Ministerio de Educación la obligatoria escolarización de los mismos. La Policía Local se encargó de visitar a las familias y comprobar al detalle que todos esos menores residían en Ceuta y no en Marruecos como algún que otro político del PP y de Vox se encargaban de difundir para generar el rechazo a este colectivo argumentando que ocasionaría “el efecto llamada”. A pesar de la negativa por parte de la Consejería de Educación, la sentencia se llevó a cabo y la inspección escolarizó a todos los menores que asistían a nuestros talleres en ese momento.

El cierre de la frontera, con la llegada de la pandemia, pudo por fin demostrar, que todos estos niños y niñas no vivían en Marruecos, sino que todos residían en Ceuta con su familia. Este hecho coincidió con la llegada a Ceuta de la nueva directora de Educación Yolanda Rodríguez, en el 2021 y que tras conocer la situación que venían sufriendo estos menores, no dudó en exponer públicamente la injusticia que se estaba cometiendo con ellos al negarles el Derecho Fundamental a la educación y en ningún momento, este tema generó ni dudas, ni debates políticos, ni arduas gestiones que ralentizaban la escolarización. Su firme creencia de que la educación es la única arma capaz de sacar a las personas de una situación de vulnerabilidad y discriminación, es lo que ha mantenido firme la postura de Yolanda Martínez tras conocer los años de lucha que Digmun ha mantenido por conseguir que se haga justicia. Por primera vez en quince años se escolarizaron todos los menores de nuestros talleres en menos de un mes, y se repartieron en los distintos centros escolares donde terminaron con éxito, en su mayoría, el curso escolar

Todos esos menores que han sido escolarizados a lo largo de tantos años, se adaptaron, sin problemas, al centro educativo que se les asignaba, gracias a los grandes profesionales de la enseñanza que no cuestionaron en ningún momento, procedencia, raza o religión, y también por el interés de las familias que se implicaron desde el principio en el proceso educativo de sus hijos. Muchos de ellos han terminado sus estudios con éxito y han conseguido matricularse en la universidad, en ciclos formativos u optar por un trabajo digno. La discriminación que sufrieron durante años al ver que sus amigos cercanos iban a un centro reglado mientras ellos asistían a un taller organizado por una ONG, se difuminó ante la alegría de compartir aula en un colegio de verdad con otros compañeros.

Por fin se demostró que todo lo que tanto costó solo era cuestión de voluntad política. Solo dependía de que llegara la persona adecuada e implicada en la educación y que no temiera en ningún momento las consecuencias políticas de su gestión, defendiendo que:

“Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación, independientemente del sexo, religión, nacionalidad y cualquier otra condición. El Estado debe hacer todo lo posible para garantizar el acceso de los niños y niñas a la educación”.