Vamos a imaginar que en España tenemos un problema. Bueno, en realidad tenemos muchos, pero vamos a imaginar que sólo existe uno. Y para solucionarlo reunimos a un grupo de personas expertas en ese campo y elaboramos una norma, una ley estatal, que regula todos sus aspectos, de modo que ya sabemos cómo actuar ante ese problema y qué ocurre en caso de incumplimiento.

Poco después descubrimos que existen pequeños detalles de ese problema que la ley no aborda, por lo que se elabora otra norma, esta vez un reglamento, que desarrolla dicha ley. Podríamos decir que ese problema va camino de solucionarse, sólo hay que garantizar el cumplimiento de la ley y del reglamento.

Aunque parece fácil, que todo va a ir bien, de repente cada comunidad autónoma, las 17 que tienen competencias legislativas, decide que sus políticos deben justificar su sueldo y que sus peculiaridades territoriales autonómicas merecen un trato específico, derecho que les reconoce la Constitución. Por tanto, elaboran leyes autonómicas concretando y desarrollando todos los aspectos de la norma estatal adaptándola a sus ocurrencias territoriales, vamos a dejar de lado si es o no necesario. Y, por si fuera poco, las mayores ciudades de cada comunidad deciden elaborar ordenanzas municipales concretando aún más el detalle dentro del marco legal tanto estatal como autonómico.

Un día nos levantamos y nos damos cuenta de que el problema que teníamos se ha convertido en una estructura de cuarenta o cincuenta textos legales que lo regulan en todo el país, entre estatales, autonómicos y municipales.

Según un informe de la CEOE, el número de páginas publicadas por los Boletines Oficiales estatales y autonómicos durante 2018 superó holgadamente la cifra de UN MILLÓN DE PÁGINAS, de las cuales 588 normas fueron de distinto rango a nivel estatal. En 2019 las normas estatales ascendieron a 648, lo que supone un incremento de más del 10%. A nivel autonómico se aprobaron 271 normas en 2018 y crecieron a 309 en 2019.   En ese informe se expone que debemos velar porque la legislación vigente se componga de normas claras, simples y en un número reducido evitando que se produzca profusión en la dispersión legislativa.

La Comisión Europea es muy clara en este aspecto y nos advierte de que la fragmentación normativa y la maraña legislativa lastran nuestra economía y suponen, entre otras cosas, un impedimento al aprovechamiento de las economías de escala y a nuestra competitividad. En lo que a eficiencia del marco regulatorio se refiere, ocupamos un puesto similar al de Irán o Guinea, según varios informes europeos. Incluso el Banco Mundial ya nos alertó sobre el “el intervencionismo administrativo que se da en España”, y que “ese creciente poder administrativo dispara la burocracia, lo que frena la actividad económica de una manera extraordinaria y, además, rompe la unidad de mercado, porque resulta que la normativa que en una cierta materia se aplica en una comunidad es diferente que la que rige en otra, y distinta de la que existe en una tercera.”.

España es un país de burocracia y de leyes infinitas, no estamos descubriendo nada nuevo. Las consecuencias son numerosas, y ninguna buena.

Existen tantas normas legales que a pesar de que el Código Civil nos advierte que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, es casi imposible su íntegro cumplimiento, lo cual genera un problema. Por si esto fuera poco, el incremento de la burocracia requiere un incremento similar de la estructura pública que, además de no implicar una mejora en el nivel de bienestar y de servicios, cada vez cuesta más sostener. Tanto es así que el nivel de deuda pública acaba de alcanzar un nivel histórico ayudado en parte por la caída del PIB en la pandemia y el Banco Central Europeo augura que va a seguir creciendo hasta 2022. Y la deuda pública debe ser pagada, por si hay alguien que no lo tiene claro.

Pero al margen de consideraciones económicas, hay una evidencia que me preocupa mucho más que la necesidad de tener un desarrollo normativo más o menos amplio. Me preocupa el incumplimiento de las normas.

Cuando un problema, a pesar de su regulación normativa, no desaparece, en este país se tiende a crear otra norma que refuerce la solución, sin plantearse siquiera si el verdadero problema no reside en el incumplimiento de las ya existentes. De ese modo, se aumenta la madeja normativa y el problema no desaparece.

Esto que describo lo podemos ver en muchos ámbitos cotidianos. Sin ir más lejos, lo vemos actualmente con las normas para luchar contra la pandemia del COVID19.

El Estado y las autonomías han definido un estado de alarma y unas normas restrictivas para evitar la propagación del virus. Pero la propagación se ha incrementado. ¿El problema está en las normas o en el incumplimiento? La respuesta, a mi juicio, es una obviedad. Si todos, y cuando digo todos, hubieran cumplido las normas, si todos hubieran mantenido distancia de seguridad, restricciones a la movilidad, normas sanitarias y todas las obligaciones que ya existen, la expansión descontrolada se habría contenido. Por tanto, el verdadero problema ha estado en los incumplimientos de la norma. Pero en vez de emplear esfuerzos en garantizar el cumplimiento íntegro y estricto de las normas, se plantea una vía a mi modo de ver absurda, que es la petición generalizada de las distintas autonomías al Gobierno de establecer nuevas normas.

Esta forma de proceder se parece mucho a una estafa piramidal, en la que se va incrementando cada vez más una estructura como solución para sostener la estructura existente, en vez de buscar fórmulas para que el sistema se pueda sostener por sí solo. ¿Por qué suponemos que aumentar el número de normas va a garantizar su cumplimiento si no somos capaces de hacer cumplir las normas anteriores? De este modo no estamos solucionando problemas, los estamos eternizando.

A veces las cosas son más simples de lo que nos imaginamos. Pero tenemos cierta alergia a que parezcan demasiado simples, vaya a ser que el verdadero problema sea descubrir la incompetencia de los responsables para solucionarlas.