¿Cuál sería su respuesta a una subida salarial de las retribuciones del presidente del Gobierno en las actuales circunstancias? Porque el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 incluye un incremento del 0,9% para Pedro Sánchez, es decir, 85.608€ anuales. Si tenemos en cuenta que en su primer año percibió 80.953€, podemos afirmar que en tan solo tres años sus retribuciones se han incrementado en 4.655€ anuales. Y todo ello en la peor crisis socio económica de nuestra historia democrática con casi 4 millones de desempleados, y sin contabilizar los miles de trabajadores que se encuentran en situación de ERTE.

Una subida retributiva que también beneficiará a las cuatro vicepresidencias, 22 ministros, 28 secretarias de Estado, órganos superiores de los que disponen todas las carteras ministeriales, y sus correspondientes subsecretarías de Estado, direcciones y subdirecciones generales. Recordemos que todos estos cargos disponen de su personal correspondiente (jefe de gabinete, jefe de comunicación, redes sociales, técnicos, administrativos, auxiliares, ordenanzas y conductores). La mayor estructura de Gobierno de nuestra historia democrática y, lo que es aún más descorazonador, durante la peor crisis jamás conocida.

Si a todo esto le sumamos las últimas decisiones adoptadas por el desgobierno social comunista en relación con los cambios normativos que pretenden introducir en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o la aprobación de un Estado de Alarma, de seis meses de duración sin control parlamentario, no es de extrañar que nuestros socios europeos piensen que nuestro país está sumido en el caos político. Nuestro país es comparado en estos momentos con países como Polonia o Hungría, gobernados por la extrema derecha, y que han tomado decisiones equiparables a las adoptadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En cualquier caso, las medidas adoptadas en las dos últimas semanas no solo ponen de manifiesto el estilo arbitrario de nuestros dirigentes social comunistas al saltarse a la torera el instrumento fiscalizador de la gestión del Ejecutivo señalado por nuestra Constitución, el Parlamento, sino que también ponen en serio riesgo la recepción de las subvenciones y de todos los fondos comunitarios. No podemos olvidar el Plan de Recuperación para Europa aprobado con la intención de contribuir en la reparación de los daños sociales y económicos provocados por la pandemia del coronavirus dotado con 140.000 millones de euros para nuestro país. Sin ninguna duda, jamás tanta arbitrariedad provocó tanto daño.