Los españoles deberíamos ser conscientes de cómo la ONU define el estado de derecho como: 

“Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.

Un principio que garantiza, entre otras muchas cuestiones, la tan ansiada separación efectiva de poderes. Esto nos asegura, en primer lugar, la aprobación de las leyes por las que se regirá un país democrático, en segundo lugar, gobernar el país en función de las leyes aprobadas, y, por último, vigilar que todo el mundo cumpla dichas leyes. Y yo me pregunto: ¿Le corresponde a la Fiscalía General del Estado vigilar que todo el mundo cumpla dichas leyes? Porque no podemos obviar cómo el presidente del desgobierno social comunista nombró máxima responsable de dicho organismo a su anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, la primera ministra en democracia reprobada por el Congreso de los Diputados hasta en tres ocasiones.

Yo lo tengo muy claro, y aún más tras comprobar cómo el número dos de la Fiscalía, Luis Navajas, ha redactado un informe a través del cual no solo solicita la inadmisión de la veintena de querellas interpuestas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia del covid-19, sino que además la elogia tomando claramente partido. Es decir, quien debe vigilar que toda la ciudadanía cumpla las leyes establecidas se tira a tumba abierta al rescate del desgobierno social comunista. Y no es el primer caso, recordemos cómo se incoaron diligencias para investigar una presunta red de difusión de bulos contra el Ejecutivo o cómo se solicitó el archivo de las investigaciones abiertas contra el delegado del Gobierno en Madrid por la autorización de diferentes manifestaciones en los primeros días de marzo.

A pesar de todo ello, aún hay quien justifica a Pedro Sánchez comparándolo con presidentes anteriores, cuando ninguno de ellos puso en tan serio riesgo nuestro Estado de Derecho equiparándolo a una república bananera. Adolfo Suarez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luís Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy tuvieron sus sombras y sus luces, pero ninguno de ellos politizó la Justicia convirtiendo una institución que debería actuar con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados en una herramienta ideológica al servicio del poder establecido. Busca, compara, y si encuentras algo parecido a esto, continúa apoyando al presidente del desgobierno, pero..., te será imposible por mucho que busques. Los españoles merecemos un presidente que trabaje por el interés general y no por intereses partidistas poniendo en serio riesgo nuestro estado de derecho.