¿Somos conscientes los españoles de lo qué quieren hacer con el país la pareja Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Lo que sí sabemos es que las alarmas han saltado en diferentes sectores de nuestra sociedad. Desde el Consejo General del Poder Judicial, pasando por relevantes miembros de la judicatura o reconocidos expertos en Derecho Constitucional, y terminando en ex presidentes del Gobierno, exministros, filósofos y periodistas. Cada vez son más las tertulias, debates y reuniones sectoriales en las que los participantes expresan su preocupación por las actuaciones del Gobierno de España.

Significativa es la inquietud de un insigne socialista, exsecretario general y ex presidente del Gobierno, Felipe González, quien no dudó en afirmar: “Si durante el diálogo, algunos socios del Gobierno creen que es el momento para cambiar el modelo constitucional o romper las reglas de juego con la UE, se están autoexcluyendo y el Gobierno no puede ni debe tolerarlo”. También lo es su participación en un foro de opinión en el que expresó su temor por la deriva de un Ejecutivo que basa su acción de gobierno en unos decretos leyes que coartan el debate parlamentario, sinónimo de democracia.

Temores que se hacen realidad al llegar al debate parlamentario el término “debate constituyente” de la mano del ministro de Justicia, Notario Mayor del Reino, Juan Carlos Campo, considerado un progresista moderado. Un concepto nada deseado por los demócratas, pero sí por los actuales socios del Ejecutivo”. Un proyecto de reforma constitucional negado por el máximo responsable socialista hasta que se vio obligado a suscribir un pacto de legislatura con populistas, independentistas secesionistas y amigos de terroristas para alcanzar la Moncloa.  

En tan solo cuatro meses, el Gobierno social comunista ha dado por finiquitada la Constitución Española del 78, fruto del consenso de la Transición, ha resucitado el lenguaje “guerra civilista”, persigue a nuestras instituciones más preciadas, corrompe la división de poderes, restringe libertades fundamentales, etiqueta como fascista al discrepante, genera odio ideológico, e impone una economía empobrecedora que convierte al ciudadano en dependiente del Estado.  Es decir, están aplicando en nuestro país las mismas medidas ejecutadas por Hugo Chávez en Venezuela.

Estoy dispuesto a recibir cuantas críticas provengan de la izquierda más sectaria, incluso de quienes afirman defender nuestras libertades, pero que son incapaces de reconocer como nos las están cercenando. Yo no soy quien ha politizado la Justicia al nombrar Fiscal General del Estado a una exministra socialista, tampoco he cesado al máximo responsable de la policía judicial de Madrid por defender nuestro Estado de Derecho, ni siquiera he lanzado ataques furibundos contra miembros destacados del Poder Judicial por ejercer sus labores profesionales. En cualquier caso, yo les planteo una pregunta: ¿Estamos en crisis constituyente?