Cada día son más los juristas que recelan de las sucesivas prórrogas de un Estado de Alarma que recorta derechos constitucionales a una población desmoralizada por el alargamiento desproporcionado de un estado que cada vez se asemeja más al de excepción. Una población que observa, cada vez con mayor indignación, como el Gobierno social comunista avanza en su programa contra las libertades individuales, la propiedad privada y el Estado de derecho que tanto trabajo les costó alcanzar tras cuarenta años de totalitarismo.

Una indignación abonada por los múltiples errores cometidos por el desgobierno de los “Picapiedra” en la gestión de la crisis del Covid-19: la ausencia total de medidas de protección antes del 8 de marzo pese a las diferentes recomendaciones recibidas, la falta de material de protección tanto para el personal esencial, como para la ciudadanía en general, la compra fallida hasta en dos ocasiones de pruebas de detección del “bicho”, la censura a los medios de comunicación críticos y a la ciudadanía tanto en internet como en la calle, el impago de las ayudas prometidas…

Como consecuencia, no solo nos hemos situado en las primeras posiciones tanto en el número de fallecidos (27.459) “registrados” a fecha de hoy, como también en el número de personas desempleadas. Y digo “registrados” porque existen otras fuentes que incrementan ostensiblemente esta cifra tras una sencilla comparativa con las cifras del pasado año, teniendo siempre presente las circunstancias excepcionales de un estado de confinamiento, que ha reducido a la mínima expresión los desplazamientos. En cualquier caso, cifras inaceptables para la cuarta economía de la zona euro.

Aunque no solo la ineptitud ha sido la nota predominante en la adopción de decisiones, también los intereses más espurios las han argumentado. Recordar en este punto como coartan con dureza el derecho constitucional de los madrileños a expresar libremente sus pensamientos, mientras en Pamplona autorizaban la celebración de una concentración organizada por EH-Bildu, socio de legislatura del desgobierno social comunista, que exigía la puesta en libertad del terrorista Patxi Ruiz, un terrorista brutal que asesinó al concejal de UPN Tomás Caballero.

Los españoles no podemos permanecer callados por más tiempo, estamos obligados a reaccionar si queremos conservar los derechos y libertades que disfrutábamos antes de la crisis del Covid-19. Alcemos nuestras voces en defensa de la España constitucional, de la España de las autonomías, de la España europeísta, de la España solidaria, de la España que todos conocíamos antes de la llegada a la Moncloa del peor Gobierno de nuestra historia democrática. En definitiva, con el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso responsable de todos lo conseguiremos. Hasta aquí hemos llegado.