Corría por entonces el año 2016 donde un vigilante de seguridad mata a su compañero y posteriormente se suicida, profesionales que faenaban en el océano Índico. Han pasado cinco años desde que esta tragedia tuviera lugar y a fecha de hoy no se ha hecho justicia, quedando olvidada para todos, salvo por sus familiares.

Suceso dantesco que se produjo a bordo del pesquero ‘Txori Gorri’, de la empresa IMPESCA cuando el buque donde prestaban servicio estos dos vigilantes de seguridad, se encontraba navegando a unas millas de las costas de Somalia. Actualmente se sigue prestando este servicio tan peligroso y muy mal pagado, de hecho, hay profesionales a los que les ha pasado factura tanto en lo personal como en lo profesional.

Es inadmisible que el 27 de septiembre del mismo año el Grupo Parlamentario Socialista, amparándose en lo establecido en el artículo 193 y siguiendo el Reglamento del Congreso de los Diputados decide presentar una PNL para tomar medidas urgentes en relación a la prestación de servicios de seguridad privada en los barcos atuneros, exponiendo que el Gobierno en esa legislatura no cumplía con las obligaciones que la ley impone sobre el control de las prestaciones de este servicio y la forma de llevarse el mismo.

Pero como siempre ocurre, esta propuesta fue y sigue siendo un brindis al sol por parte del Grupo Parlamentario Socialista que en aquella época no gobernaba. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué si actualmente están gobernando, se han olvidado de lo ocurrido? Pues muy fácil, no les interesa un bledo este sector, porque hechos tan aterradores como el que tuvo lugar aquel día, se siguen dando. El Gobierno actual sigue mirando para otro lado, porque nos encontramos que antes en un barco, el equipo de seguridad estaba compuesto por tres integrantes, ahora son solo dos, además el ejercicio consistente en realizar en alta mar el tiro el cual es obligatorio, debe ser supervisado por un instructor habilitado y no por un integrante del equipo de seguridad sin la formación y titulación correspondientes. La lista de irregularidades es muy extensa.

Con todo lo que pasó y sigue pasando en este servicio de protección a los atuneros, no ha habido investigación para esclarecer esas muertes, lo que no es lógico es que se dé a entender que esto fue un caso aislado, un hecho fortuito. Después de cinco años, su familia y muchos profesionales del sector, seguimos teniendo muchas preguntas sin resolver y los verdaderos culpables no están donde deben estar que es en prisión. Personas con poder que siguen operando en empresas de seguridad con la misma impunidad como la empresa seguridad Segur Ibérica que hizo lo que le vino en gana, para posteriormente ir a la quiebra. Al no haber un control exhaustivo en este tipo de servicios, esto volverá a ocurrir y todo se tapará con tierra, igual que entonces.