Con la aprobación de la Constitución del 78 y la transición a la democracia los españoles dimos paso a un ordenamiento jurídico que nos permitiera vivir dignamente, reconociendo derechos a los ciudadanos que fueron inexistentes durante muchos años. Con el esfuerzo de todos construimos nuestro estado del bienestar: generalización de la educación, asistencia sanitaria para todos, subsidios por desempleo, pensiones… Conseguido todo eso es urgente ya que nuestras leyes nos permitan morir con dignidad, porque morir con dignidad forma parte de la idea de vivir con dignidad nuestros últimos momentos.

El suicidio asistido de Ramón Sampedro que Amenábar nos presentó en la película “Mar a Dentro”, la familia que recoge firmas para que se regule la eutanasia en España y así ayudar a su madre, el video de Ángel y su pareja que nos ha conmocionado a todos, y desgraciadamente tantos otros casos no tan mediáticos. La sociedad española ha dado muestras más que suficientes de la necesidad de regular estas situaciones. Con serenidad y responsabilidad, es tiempo ya de dar una respuesta legal que, por un lado, proteja los derechos de las personas que se encuentran en el proceso final de su vida, y por otro sirvan de respaldo a las administraciones y personal sanitario de forma que les ayude a resolver el dilema que esta situación les plantea. En España ayudar a morir a alguien lleva aparejada una pena que va desde los dos hasta los cinco en el tipo básico, permitiéndose una especial rebaja de la misma a la persona que “ayude”, en los casos en los que exista prueba de una voluntad inequívoca del enfermo que sufriere padecimientos graves, permanentes y difíciles de soportar. O sea que además de soportar el tremendo dolor de dicho acto también se ha de enfrentar una detención, un juicio, y con un poco de mala suerte, el ingreso en prisión.

Es inhumano soportar una vida con dolores y padecimientos que no pueden mitigarse, y es inhumano que un ser querido tenga que “ayudarte a morir” y luego tenga que pasar por el calvario judicial e incluso la cárcel. Tampoco es de recibo que los profesionales sanitarios tengan que elegir entre el sufrimiento de un paciente o cumplir la ley. El primer partido que con valentía y responsabilidad se atrevió a proponer una regulación legal de estas situaciones fue Ciudadanos, que en diciembre de 2016 presentó una “Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida”. Con ella se daba cumplida respuesta a este problema asegurando la posibilidad de elegir entre muchas opciones, no solo entre el horror o la muerte. También contempla algo muy importante, como es que exista igualdad entre todo el territorio nacional; porque la realidad es que hoy por hoy no se puede elegir igual en todos los puntos de España, porque sus condiciones sanitarias no son iguales. Por ejemplo, entre un paciente del País Vasco o uno de Murcia: él en el primer caso tienen 0,5 médicos por cada 100.000 habitantes; en el segundo 5. El Congreso, pese a algunas dilaciones la aprobó, pero fue finalmente rechazada en el Senado por la mayoría absoluta del PP, y ello pese a que de los más de 200.000 españoles fallecidos en 2018, unos 50.000 murieron sin cuidados paliativos. No está entre las prioridades del PP paliar sufrimientos a los españoles. El PSOE “aprovechando el tirón” presentó después una ley para despenalizar la eutanasia que necesitaría de múltiples enmiendas para aprobarse, por ser poco rigurosa y por no ocuparse de las desigualdades territoriales; así como por cargar en exceso la responsabilidad de los profesionales de la salud. Una ley además, con mucho menos consenso que la de Ciudadanos que paso al Senado con 315 votos a favor, de los 350 posibles.

Debe crearse una ley que, además de respetar los derechos de los pacientes, ponga énfasis en la igualdad entre todos los españoles, porque es intolerable que solo pueda vivir y morir dignamente quien se lo pueda permitir. Hay que asegurar la capacidad de elección de todos los pacientes en igualdad de condiciones, con independencia del lugar en donde vivan y de su capacidad adquisitiva, es decir de si pueden plantearse una vida digna en condiciones adversas o si no pueden.

Lo que de ninguna manera podemos seguir haciendo es mirar para otro lado como han hecho PP y PSOE que han gobernado nuestro país durante 40 años, teniendo que venir Ciudadanos a ser quien llevara esta complicada situación al Congreso. El Estado de Bienestar pasa también por poder elegir morir con dignidad y por regular finalmente la eutanasia entendida como una muerte inducida sin dolor, sin sufrimientos físicos, tal cual ya se regula en otros países de la Unión Europea.