El auto del Juzgado de Instrucción Número Uno de Ceuta coloca blanco sobre negro lo que fue la política del PP en materia de vivienda en nuestra ciudad: una organización delictiva dedicada a vender el favor de las adjudicaciones de la vivienda pública, por lo que vamos a ver en el banquillo de los acusados a dos exgerentes y dos exconsejeras del PP, a un actual diputado autonómico y líder del grupo local Caballas, a trabajadores de la empresa municipal de la vivienda y a “clientes” de ésta organización de compraventa de adjudicaciones.

La lista de los delitos que se reparten entre ellos, unos más que otros, parece el índice del Código Penal: organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias; lo mismo hasta se me olvida alguno porque se trata de una terriblemente larga lista de delitos cometidos abusando de la necesidad de vivienda de los ceutíes.

Del auto se desprende que existía una organización criminal destinada a adjudicar ilegalmente viviendas, buscando a gente necesitada o demandante de vivienda, a cambio de enriquecerse, y éstos estaban dirigidos por el responsable último de las adjudicaciones cual es el gerente de la entidad. Los trabajadores procesados de Emvicesa declaran que llevan trabajando para la entidad de 15 a 30 años: ¿Siempre han procedido ilegalmente en la adjudicación de viviendas?, ¿si no ha sido así, no les extrañaban las instrucciones de trabajo que les daba el gerente? Nadie movía un dedo para revertir la situación, ni en Emvicesa, ni en la Comisión Local de la Vivienda, ni en la Consejería. Y yo me pregunto: ¿Se discutía en el Consejo de Gobierno los procesos de adjudicación?...

El auto pone de manifiesto la desidia de la Comisión Local de la Vivienda de la que formaban parte algunos de los acusados, órgano encargado de fiscalizar la actuación de la empresa municipal; hasta el punto que el representante del Psoe ni siquiera asistía…¿Que hacían en esas reuniones?, porque fiscalizar está claro que no, por cuanto que consta en los autos que algunos adjudicatarios firmaron los contratos de adjudicación y ocuparon las casas, antes de presentar la documentación para baremar su derecho a tener acceso a una vivienda pública…Después de conocer la gravedad de los hechos por los que se les va a procesar cabe preguntarse si habrá cambiado algo la forma de actuar en Emvicesa. ¿Con qué confianza se apunta hoy alguien a solicitar una vivienda pública?

Cuando salto el tema, tres de los hoy procesados formaban parte del Gobierno del PP y de la Asamblea de la ciudad. Los dos miembros del PP dimitieron en cuando prestaron declaración como imputadas, pero hay un diputado de Caballas que sigue sentado en la Asamblea, el órgano en el que reside la soberanía del pueblo de Ceuta, una persona que ha presuntamente cometido delitos terriblemente graves en relación al mangoneo de la vivienda pública en nuestra ciudad. ¿Dirá para no dimitir que él es “presunto”, que le asiste el derecho a la presunción de inocencia, que puede resultar absuelto?, ¿o tendrá el gesto de honradez, ‘in extremis’, de reconocer que es indigno de ocupar el puesto y las responsabilidades que ostenta? Porque el auto es demoledor para todos los investigados, y si se confirman los “más que indicios”, según literalidad de la magistrada, las condenas podrían llevar a prisión a dos exgerentes y dos exconsejeras del PP, y a un Diputado actual de la Asamblea. No se llevará a prisión su acta de diputado porque una condena firme lo despojaría de tal derecho automáticamente, pero hasta entonces me temo que habremos de aguantar que nos represente a todos nosotros, arrastrando por el fango la dignidad de ser diputado de la Muy Noble y Leal Ciudad Autónoma de Ceuta.